MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tomó este lunes posesión de su cargo en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo en un acto presidido por Carlos Lesmes, presidente del Supremo, en el que estuvo amadrinado por su antecesora, Dolores Delgado. Después, en un discurso pronunciado en la sede de la Fiscalía General, advirtió que en un Estado de Derecho “no hay alternativa” a los mandatos de la Constitución y defendió la potestad del Gobierno para designar al candidato a fiscal general.
Al acto celebrado en la Fiscalía asistieron las máximas autoridades del ámbito judicial, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y numerosos miembros de la carrera fiscal. En su discurso, García Ortiz insistió en que ante los mandatos constitucionales para la configuración de las instituciones no hay alternativa, ni cuando se trata de nombramientos discrecionales, como cuando se refieren a cualquier otra modalidad.
El cumplimiento de ese mandato es imperativo e indispensable para el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones y para el fortalecimiento de la democracia. “Quienes creemos en el Estado de Derecho sabemos que no se elige el cómo ni el cuándo y que el cumplimiento de la norma no se condiciona”, dijo el fiscal general.
García Ortiz comenzó su discurso con palabras de agradecimiento y reconocimiento a Dolores Delgado por su trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado y reiteró que va a continuar desarrollando el proyecto puesto en marcha hace dos años y medio por su predecesora. “Represento la continuidad de un proyecto, de un trabajo en equipo, el reflejo de un relevante esfuerzo llevado a cabo este tiempo gracias al inmenso capital humano de la Fiscalía española”, dijo.
El nuevo fiscal general reivindicó el protagonismo que los fiscales deben tener en la reforma estructural del sistema de justicia penal, que consideró “una cuestión de Estado”, a la vez que reclamó mayor autonomía para la Fiscalía. “Asumir cuotas de autonomía supone la exigencia de más responsabilidad e instrumentos de contrapeso, pues en democracia, en un Estado de Derecho, ningún estamento o institución puede pretender ejercer sus funciones de manera absoluta”, aseguró.
VÍCTIMAS
García Ortiz situó como prioridad de la Fiscalía la lucha por el respeto a la dignidad del ser humano, cualquiera que sea su situación y condición, y la tutela eficaz de los derechos fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos, especialmente de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.
“Dignidad en el tratamiento a las víctimas, porque el proceso, en especial el proceso penal, es un instrumento para la acción de la justicia, nunca un fin en sí mismo carente de humanidad”, defendió. E insistió en que “nos verán en el combate contra la violencia de género, contra la trata de seres humanos o en la protección de derechos de los migrantes”.
En su intervención, el fiscal general anunció la creación de una unidad especializada de la Fiscalía General contra los delitos de odio y discriminación, en virtud de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y un nuevo fiscal de Sala en materia de derechos humanos y memoria democrática, tal como se recoge en el proyecto de Ley de Memoria Democrática.
García Ortiz tuvo también unas palabras de especial reconocimiento al empuje y al trabajo que 2.613 fiscales desarrollan al servicio de la ciudadanía, “muchas veces supliendo con su voluntad, entrega y capacidad las limitaciones de medios de los que estructuralmente adolece la justicia y la Fiscalía en este país”.
García Ortiz anunció el nombramiento de Ana García León como fiscal jefa de la Secretaría Técnica, de quien ha dicho que es un ejemplo de “equipo, la seguridad y fiabilidad de la culminación de un trabajo colectivo”. Además, anunció las próximas reuniones de la Junta de Fiscales de Sala, el Consejo Fiscal y los Fiscales de los Tribunales Superiores territoriales.
Sobre la mesa están dos nombramientos importantes: el del fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y el del fiscal de Sala de delitos de Odio y Discriminación, que quedó vacante el pasado julio cuando Fernando Rodríguez Rey, fue designado fiscal de Sala de Delitos Económicos.
La nueva norma del Gobierno sobre Memoria Democrática contempla la creación de esta fiscalía para investigar posibles violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario con ocasión del golpe de Estado de 1936, la guerra civil, la dictadura y los primeros años de democracia. Diversas fuentes sopesan la posibilidad de que este puesto sea para Delgado.
- Te recomendamos -
