MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se quejó este martes en el Senado de estar sufriendo un “señalamiento público” y afirmó que sería una “concesión a los delincuentes” por estar siendo investigado en el Tribunal Supremo por revelación de secretos.
Así lo aseguró García Ortiz en su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, donde estaba citado esta tarde para dar cuenta de su gestión y donde fue preguntado por el hecho de que el Tribunal Supremo le investigue por la filtración de un correo de la defensa de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
A este respecto, el responsable del Ministerio Público dijo que, a la hora de hablar de la causa que tiene abierta, su libertad de expresión estaba “bastante limitada”, ya que no podía comentar “procesos pendientes” y más uno que le afecta personalmente.
No obstante, se quejó de estar sufriendo un “señalamiento público” fruto de un “relato alternativo de culpabilidad”, que sostuvo que tiene que ver con que se cuestione su inocencia por haber borrado los mensajes de su móvil.
“NO DIMITO”
Apuntó que es cierto que efectuó este borrado, pero apuntó que lo hizo porque la normativa europea establece que no se deben conservar “datos ajenos” en el dispositivo “más que el tiempo estrictamente necesario”.
“No debemos mantener los datos ajenos cuando ya no son útiles para el fin al que han sido destinados”, afirmó, al tiempo que se quejó de que esta actuación de “sentido común” sea vista por algunos como una “evidencia de culpabilidad”. Afirmó que esto supone invertir las “normas básicas del Estado de derecho”, ya que respecto a él se está trasladando a la opinión pública “un relato alternativo de culpabilidad, un señalamiento público”.
Añadió que borra “regularmente” los datos de su móvil y que lo hizo en las fechas que dice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, pero también realizó esta acción “con anterioridad”.
En cuanto a por qué no dimite pese a estar siendo investigado por el Supremo, apuntó que si lo hiciera “estaría haciendo una concesión a los delincuentes”. Sostuvo que esto podría colocar a la Fiscalía “en una situación de debilidad” y perjudicaría a quien sea su sucesor. Defendió que las “redes criminales”, los narcotraficantes o los yihadistas no pueden ver un “ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito”.
- Te recomendamos -
