MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó este lunes la recusación presentada por Unidas Podemos contra el presidente del tribunal de garantías, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez, ambos conservadores, en una votación en la que los dos participaron. Los bloques continúan inamovibles, de manera que los seis conservadores votaron en contra de la recusación y los cinco progresistas, a favor.
Además, el Pleno votó también la admisión a trámite del recurso del PP que pretende la paralización de la reforma que acabaría con el bloqueo de la renovación del TC y permitiría la entrada de los dos nuevos miembros designados por el Gobierno, además de acelerar la elección de los dos que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los magistrados recusados pertenecen al sector conservador y fueron nombrados a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy. De aprobarse la reforma el próximo jueves, García Trevijano y Narváez abandonarían de inmediato su puesto para que tomaran posesión los que serán sus sustitutos: el exministro de Justicia con el PSOE Juan Carlos Campo y la exasesora en Moncloa Laura Díez, lo que daría la vuelta a la mayoría en el TC.
Esta es la segunda votación que se produce en el Pleno extraordinario convocado para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de amparo interpuesto por el PP, que pidió medidas cautelarísimas para paralizar el trámite de la reforma que cambia las reglas de elección de los magistrados que debe elegir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el Constitucional.
La primera de ellas se produjo por la mañana y supuso que el Pleno del TC asume la competencia para decidir sobre el recurso del PP contra la reforma del Gobierno. En esa votación se acordó la avocación a pleno por siete votos frente a cuatro por el apoyo del vicepresidente del TC, el progresista Juan Antonio Xiol, que había llegado a un acuerdo con García Trevijano.
Además, el Pleno admitió a trámite el recurso del PP gracias a los votos de los seis magistrados conservadores, frente a los cinco progresistas, por lo que ahora sólo le quedaría por decidir si se adopta la cautelarísima solicitada por el PP para paralizar la tramitación de la reforma cuya votación está prevista para el próximo jueves en el Senado.
BLOQUES
Las votaciones dejaron patente que los bloques siguen inamovibles sobre la reforma que podría precipitar la renovación del Constitucional. El hecho de que sea el Pleno el que se ocupe del asunto, garantiza que los conservadores mantienen su mayoría, puesto que en la Sala Segunda las fuerzas entre ambos sectores están equilibradas.
Las deliberaciones comenzaron este lunes poco después de las 10.00 de la mañana y a lo largo de cuatro horas sólo se produjo una votación, la relativa a la avocación a Pleno. Ya en la sesión de la tarde los once integrantes del Pleno abordaron el espinoso asunto de la recusación que finalmente fue rechazada por la mayoría conservadora.
En las últimas horas han llegado al TC un aluvión de escritos tanto del PSOE y Unidas Podemos, como del propio PP que se dirigió al tribunal de garantías para extender la petición de paralización, que en un primer momento sólo afectaba al trámite en el Congreso, a la votación prevista en el Senado. También Vox pidió la paralización de la reforma.
Por su parte, PSOE y Unidas Podemos expresaron su oposición a esta intervención inédita del TC sobre una norma que aún no ha sido aprobada por las Cortes y el socio minoritario del Gobierno plateó las recusaciones y la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dirima sobre la presunta falta de imparcialidad de dos de los magistrados recusados.
Además, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Felipe Sicilia, también presentó un escrito en el que oponía igualmente a la cautelarísima y pedía poder presentar alegaciones antes de la toma de una decisión.
La reforma que quiere parar el PP afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el funcionamiento del TC, pero las enmiendas han sido introducidas en la reforma del Código Penal que se tramita para modificar los delitos de malversación y sedición. La paralización previa a su la aprobación de una norma por la Cortes Generales no se ha producido nunca.
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