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El Constitucional decidirá la próxima semana si admite el recurso del PP contra la última reforma sobre el CGPJ

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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

El Tribunal Constitucional (TC) abordará en el pleno del próximo día 15 la admisión a trámite del recurso presentado por el PP contra la segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el pasado mes de julio para devolver al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la capacidad de hacer nombramientos, sólo circunscrita a la designación de dos candidatos al Tribunal Constitucional.

Así consta en el orden del día del pleno hecho público este martes por el tribunal de garantías. El vicepresidente del TC, el progresista Juan Antonio Xiol, es la persona encargada de redactar la ponencia sobre el recurso formulado por más de 50 diputados de Partido Popular sobre la modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El TC aún tiene pendiente resolver otros los recursos presentados por PP y Vox contra la primera reforma de la LOPJ, la aprobada en marzo de 2021, que limitaba las facultades para hacer nombramientos de un CGPJ en funciones, y que ha provocado que el 20% de las plazas de magistrado en el Tribunal Supremo permanezca sin cubrir.

Con posterioridad a esta primera reforma, el Gobierno impulsó una segunda modificación de la ley para permitir al Consejo que designara a los dos magistrado que le corresponden para el Tribunal Constitucional, permitiendo que el propio Ejecutivo pueda nombrar a los dos magistrados que le tocan.

El debate sobre la admisión de este recurso llega cuando arrecian las presiones de los sectores más conservadores sobre el TC por no haber resuelto ya los recursos sobre la primera reforma del Gobierno. Las ponencias sobre esos recursos han caído en manos de Xiol y de la magistrada también progresista María Luisa Balaguer.

Ambos están trabajando en ellas y tienen “adelantados” los trabajos, pero fuentes del propio Constitucional aseguran que el asunto requiere tiempo y esgrimen como justificación del retraso la práctica histórica del TC de no interferir en las negociaciones políticas que han estado llevando al cabo el PP y el PSOE para renovar el CGPJ, ni tampoco en los procesos electorales.


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