MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio el visto bueno este jueves a las medidas de mejora propuestas para los juzgados de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y de Ayamonte y Moguer, en Huelva, así como las secciones penales de la Audiencia Provincial de Cádiz, en las que se llevan causas de narcotráfico.
La Comisión acordó tomar conocimiento del informe del Servicio de Inspección sobre la situación de estos juzgados y dio su visto bueno a las medidas que se proponen en el informe y que tienen como objetivo paliar la situación en la que se encuentran dichos órganos judiciales como consecuencia de la instrucción de causas complejas de narcotráfico y de la considerable carga de trabajo que soportan.
Las medidas se proponen como resultado de la reunión que la Comisión Permanente mantuvo el pasado 18 de abril en Cádiz con titulares de órganos judiciales de los partidos judiciales afectados.
El informe del Servicio de Inspección, fechado el pasado 8 de abril, señala que los juzgados de los partidos judiciales de Barbate, la Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer se encuentran en una situación deficitaria en medios personales y materiales.
En términos globales, Inspección advierte de que la situación en la que se encuentra la jurisdicción penal en la provincia de Cádiz es “muy preocupante” en lo que se refiere a los juzgados de primera instancia e instrucción, a lo que se añade la situación deficitaria de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras.
Todo ello se debe a la instrucción de los procedimientos seguidos por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, especialmente los referidos a organizaciones criminales, que causan importantes disfunciones y retrasos, de forma más acusada en los juzgados de primera instancia e instrucción, que tienen competencias civiles, penales y, a menudo, de violencia sobre la mujer y registro civil. Lo mismo ocurre en la Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz cuando estos procedimientos llegan a la fase de enjuiciamiento, lo que genera un volumen de trabajo que resulta inasumible con las actuales plantillas y estructuras judiciales.
El Servicio de Inspección considera conveniente adoptar de forma urgente “medidas extraordinarias de reorganización de los medios personales y materiales” de las provincias de Cádiz y Huelva con el fin de alcanzar una mayor eficiencia en la instrucción y enjuiciamiento de todos los delitos vinculados al narcotráfico. También recomienda otro tipo de medidas que requieren reformas legislativas, de planta y demarcación y de dotación de agentes externos colaboradores que resultan imprescindibles para el éxito de la instrucción y enjuiciamiento de este tipo de delitos.
Entre las medidas propuestas por el Servicio de Inspección que cuentan con el visto bueno de la Comisión Permanente figura la propuesta de unificación/concentración de los partidos judiciales de la zona denominada Campo de Gibraltar: Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, mediante la unificación de los 19 juzgados de primera instancia e instrucción y del exclusivo de violencia sobre la mujer, existentes en los tres partidos judiciales, que se transformarían en nueve juzgados de instrucción, ocho juzgados de primera instancia (de los cuales dos asumirían el conocimiento de los asuntos de derecho de familia, determinación de la capacidad de las personas, tutelas e internamientos) y dos juzgados exclusivos en el conocimiento de asuntos relacionados con violencia sobre la mujer.
También se informa favorablemente la propuesta formulada de modo subsidiario consistente en unificar solo los partidos judiciales de La Línea de la Concepción y de San Roque, con dos sedes: una en La Línea de la Concepción, en la que se ubicarían 4 juzgados de instrucción y un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer; y otra sede en San Roque, donde se ubicarían los 2 juzgados de primera instancia, con competencia también en derecho de familia, determinación de la capacidad, tutelas e internamientos.
Esta segunda opción subsidiaria debería completarse con un segundo juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo, con sede en Algeciras, y su comarcalización para todo el Campo de Gibraltar.
Además, el CGPJ acuerda solicitar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que indique las necesidades concretas en relación con la eventual unificación de los partidos judiciales de Cádiz, San Fernando y Puerto Real; del partido judicial de Moguer y limítrofes; y de Chiclana de Frontera y Barbate. Y, una vez se reciba, recabar informe al Servicio de Inspección.
El plan contempla también la creación de un nuevo juzgado de primera instancia e inspección en el partido judicial de Sanlúcar de Barrameda, en el partido judicial de Moguer de la Frontera y una nueva sección penal, con sede en Algeciras, en la Audiencia Provincial de Cádiz. Ésta tendría una planta de cuatro magistrados, tres de los cuales se detraerían de la Sección 7ª.
También se tomará conocimiento de las propuestas del Servicio de Inspección de corrección de deficiencias y mejoras de los edificios y medios materiales y e interesar a la Junta de Andalucía que adopte con urgencia las medidas necesarias para que el ejercicio de la función jurisdiccional se desarrolle en un medio físico adecuado y en condiciones dignas.
Se estudiarán también las propuestas del Servicio de Inspección sobre la elaboración de un “plan integral de ampliación y refuerzo de los agentes externos (peritos, interpretes, policía judicial, etc.) que intervienen en las causas penales tramitadas por los juzgados de primera Instancia e Instrucción de las provincias de Cádiz y Huelva; también sobre la necesidad de que las “Comisiones Nacionales y Provinciales de coordinación de la Policía Judicial deberían establecer planes de actuación concretos, así como la coordinación a través de la mesa de coordinación operativa (MECO) en el marco del IV Plan Especial para el Campo de Gibraltar”. El CGPJ acuerda dar traslado de dichas medidas a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Interior, respectivamente.
- Te recomendamos -
