MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
Los siete miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitieron este lunes un comunicado en el que exigen respeto a las decisiones judiciales a quienes están al frente de las instituciones, en referencia a las valoraciones que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la citación como imputada de su mujer, Begoña Gómez.
En una breve reunión, la Comisión Permanente se ha limitado a comentar la reacción “política” de jefe del Ejecutivo, orillando las palabras de otros miembros de su Gabinete sobre la providencia, en la que se cita a Gómez para el próximo 5 de julio. El comunicado indica que “tras las manifestaciones contenidas en la carta del presidente del Gobierno en las que se hace una valoración política de actuaciones de un juez de instrucción” hace una reflexión de talante más bien moderado.
“Una vez más”, dice, “y en el ejercicio de sus funciones constitucionales de defensa y amparo de la independencia judicial, se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna”.
Por ello, los vocales hacen “un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales”.
“Los jueces, y el CGPJ así lo avalará, deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales”, añade la Comisión Permanente.
Finalmente, el CGPJ señala que los ciudadanos españoles “pueden tener la confianza de que sus jueces y juezas garantizarán en todo caso sus derechos con sujeción a la Constitución y al resto de su ordenamiento jurídico”.
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