MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este miércoles anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de cuatro plazas de presidente de Sala del Tribunal Supremo (TS), en concreto las de los órdenes Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces inicia los trámites para el nombramiento de las 29 vacantes existentes en la actualidad en el alto tribunal. La presidencia de la Sala Primera (de lo Civil) es ejercida en funciones por el magistrado Francisco Marín Castán desde el pasado 6 de abril, fecha en la que se cumplieron cinco años desde su nombramiento como presidente. Marín Castán se jubilará el próximo 10 de noviembre.
En el caso de la Sala Segunda (de lo Penal), el mandato de su actual presidente, el magistrado Manuel Marchena, vencerá el próximo 8 de noviembre, fecha en la que se cumplirán cinco años desde su designación para el puesto.
La presidencia de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) está vacante desde el 31 de diciembre de 2022, fecha en la que el BOE publicó el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional del que fuera su presidente, el magistrado César Tolosa. Desde entonces la presidencia es ejercida en funciones por el magistrado Pablo Lucas.
La misma circunstancia se dio en relación con la vacante de la presidencia de la Sala Cuarta (de lo Social), cuya presidenta, la magistrada María Luisa Segoviano, se incorporó al Tribunal Constitucional tras su nombramiento el 31 de diciembre de 2022. La presidencia de esta Sala ha sido ejercida en funciones primero por la magistrada Rosa María Virolés y desde el 18 de julio de 2023 por el magistrado Antonio Vicente Sempere.
El proceso selectivo se regirá según lo dispuesto en las bases de convocatoria aprobadas por el Pleno a propuesta de la Comisión de Calificación. Las bases establecen que podrán presentarse como candidatos/as a presidir alguna de las Salas del Tribunal Supremo todas las personas pertenecientes a la Carrera Judicial que tengan la categoría de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo, que se encuentren en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y que, a fecha de la publicación de la convocatoria, cuenten con tres años de servicio en dicha categoría.
Siempre según lo dispuesto en las bases, los candidatos/as tienen que aportar una relación detallada de los méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos, capacidad e idoneidad para ocupar la plaza anunciada; deben acompañar un programa de actuación descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la mejora del funcionamiento del órgano judicial a cuya presidencia aspiren; y deben aportar una memoria con los datos que permitan identificar aquellas resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hayan dictado como magistrados/as del Tribunal Supremo.
PARITARIO
Los candidatos/as deberán comparecer, de forma presencial o telemática, ante la Comisión de Calificación, que será la encargada de elevar una propuesta al Pleno. En la ponderación del conjunto de los méritos, el CGPJ atenderá a las previsiones contenidas en Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esta norma establece que todo nombramiento o propuesta de nombramiento debe garantizar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%.
En dicha ponderación, se tendrán asimismo en cuenta las aptitudes gubernativas, la trayectoria profesional, la excelencia jurisdiccional, la experiencia acumulada en el Tribunal Supremo y en el orden jurisdiccional o actividad profesional relacionada con el orden jurisdiccional al que pertenezca la plaza ofertada y las restantes actividades profesionales que hayan contribuido a incrementar las aptitudes necesarias para el desempeño de la presidencia de sala.
El Pleno también ha aprobado hoy las bases para la convocatoria de diecisiete plazas de la jurisdicción militar y ha acordado solicitar al Ministerio de Defensa su urgente publicación.
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