MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, apenas dos días después de que la UCO acreditase que borró sus mensajes de WhatsApp y su cuenta personal de correo electrónico el mismo día que el Tribunal Supremo le imputó como presunto autor de la revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Cámara Baja votará una moción del PP sobre “el balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el deterioro democrático actual”. La iniciativa cuenta con bastantes aristas, pero la de mayor relevancia informativa es la que afecta al fiscal tras las últimas averiguaciones de la Guardia Civil.
La iniciativa, que previsiblemente se debatirá por puntos, buscará lograr el ‘sí’ de Vox y la abstención de algunos de los socios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para prosperar. El foco de los populares está puesto, principalmente, en Junts.
La reprobación no recoge el borrado de sus mensajes y correos, pero sí la “participación” de García Ortiz “en acciones destinadas a difundir, por motivos de relato político, información confidencial de personas investigadas por la Fiscalía, incluyendo la transgresión de la normativa de protección de datos de dicha institución al utilizar cuentas privadas de correo electrónico para comunicaciones que contengan información y/o datos personales cuyo tratamiento sea consecuencia del ejercicio de la función pública atribuida al Ministerio Fiscal”.
Este martes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al fiscal general del Estado de tener “el comportamiento de un delincuente común” por “borrar las pruebas que le incriminan” y no responder a las preguntas del juez en su declaración.
ATAQUES DEL GOBIERNO
La iniciativa del PP también busca que el Congreso inste al Gobierno a “cesar en sus ataques” a los jueces que han planteado cuestiones prejudiciales por la ley de amnistía o han decidido no aplicársela a algunos de sus supuestos beneficiarios, “en tanto la independencia de la revisión judicial de los efectos prácticos de esta ley fue considerado un punto clave en opinión de la Comisión de Venecia para que dicha ley no afectase a la separación de poderes”.
Asimismo, reclama al Ejecutivo “asumir y respetar” el comunicado de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló. En el escrito, la también presidenta del Supremo admitió que “la labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional”.
RTVE Y EFE
Por otro lado, la moción del PP recoge instar al Gobierno a “cumplir estrictamente, sin desarrollos subjetivos ni interpretaciones”, con todas las disposiciones del Reglamento sobre la Libertad de los Medios de comunicación en nuestro país, “incluidas salvaguardias contra la injerencia política en la libertad editorial”. Esto es, revertir la designación de los nuevos consejeros de RTVE, que se aprobaron con una mayoría absoluta pero no la de tres quintos que exigía la ley antes de ser reformada.
El quinto punto del texto extiende esta medida a la presidencia de la Agencia EFE “para adaptarse a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios, que demanda a los Estados miembros garantizar la independencia de los prestadores del servicio público de medios de comunicación desde el punto de vista editorial y funcional”.
PARLAMENTO
Por último, el PP quiere que el Congreso solicite al Gobierno que abandone su práctica de veto generalizado por razones económicas a las proposiciones de ley “que está excediendo la doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional que restringe el uso de esta facultad a los casos de afectación al presupuesto en vigor”.
Además, pretende pedir al Gobierno que devuelva a las sesiones de control “su espíritu constitucional y reglamentario de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo a las Cortes, absteniéndose de eludir la respuesta a las cuestiones planteadas por los grupos políticos o de centrar su réplica en ataques ‘ad hominem’ al diputado o diputada que está ejerciendo su labor constitucional de control al Gobierno”.
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