MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Congreso se mostró este jueves favorable a tramitar la proposición de ley de la reforma del Código Penal que modifica, entre otros, el delito de sedición, de tal manera que esta reforma iniciará su trámite por la vía de urgencia en las Cortes, con el objetivo del PSOE y Unidas Podemos de que esté en vigor antes del final de año.
Junto a las dos formaciones del Gobierno impulsoras de esta proposición de ley se posicionaron a favor ERC, PNV, EH Bildu, Más País, entre otros partidos, mientras Partido Popular, Vox y Ciudadanos estuvieron en contra.
En el debate parlamentario, el diputado del PSC Paco Aranda fue el encargado de defender la proposición con una intervención en la que apenas detalló la reforma salvo para indicar que se trata de una adecuación del delito a estándares europeos, una actualización “ligada con los cambios sociales” y una redacción más actual frente a la “realidad decimonónica” vigente.
Aranda dedicó la mayor parte de su intervención a atacar al PP, partido al que definió como “la nadería más absoluta”, instalado en la “cultura del no por bandera”, la “deslealtad en temas de Estado” y la “cobardía” ante la “extrema derecha”. También arremetió contra el PP por su “moderación de boquilla” a la vez que compran a Vox su “oferta de odio, mentira y manipulación”.
El dirigente socialista reivindicó que el PSE es el “primer partido de Cataluña” frente la “irrelevancia” del PP en Cataluña y, tras denunciar la “infame” campaña de presión contra los diputados del PSOE, auguró a la bancada popular una “feliz” estancia en la oposición ante los años que aun quedan de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.
Por parte del otro proponente de la iniciativa y socio también del Gobierno, el presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, Jaume Asens, presentó cinco argumentos para mandar el delito de sedición “al baúl de la historia”, como que es una “reliquia del pasado lleno de polvo de un mundo que ya no existe”, ya que se redactó en 1822.
Los otros motivos, según Asens, son que el delito de sedición es una “anomalía preconstitucional”, no se ajusta a los estándares de los países del entorno ya que España es el “único país de Europa con una condena por sedición”, es una “amenaza” al derecho de protesta y manifestación, y abolirlo es un paso “importante” para la “desjudicialización” del “conflicto” en Cataluña. A su juicio, “es una victoria de la democracia” que se inicie la tramitación de esta propuesta.
“VEHÍCULO DEL INDEPENDENTISMO”
En el turno en contra a esta proposición de ley, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó al PSOE y Unidas Podemos de convertirse en “abogados defensores” de los condenados por sedición al elaborar una norma para “favorecer” a personas concretas. “Se han convertido en un vehículo al servicio del independentismo” y “el independentismo es insaciable y busca humillarles”, recriminó a los partidos de la coalición.
Tras describir esta iniciativa como “tramposa y fraudulenta”, puso el foco en la ausencia de Sánchez en este debate y acabó avisando a los socialistas de que hoy estarán “traicionando la confianza de todos y cada uno de sus votantes” haciendo un “traje a medida a los sediciosos para que sus actuaciones queden impunes”. “Hasta ahora nunca nadie se había atrevido a tanto”, aseveró al hablar de una democracia que se “vacía y debilita” con esta acción.
Ante las palabras de Gamarra, el diputado del PSC volvió a tribuna e instó al PP a renovar el CGPJ después de que la portavoz popular afeara al Gobierno no ser el proponente de la reforma para evitar informes consultivos como el del CGPJ, línea que también siguió Asens cuando recriminó al PP que “el peor golpe desde el 23-F” a la democracia es “lo que pasa en el CGPJ. Eso sí es una actitud sediciosa”, acusó.
Entonces, Gamarra volvió a subir a la tribuna para denunciar que el debate de esta noche “nada” tiene que ver con la convivencia y “mucho que ver con la conveniencia”. Además, avisó a los socialistas de que ahora “deben todo a los socios” elegidos, “aunque para eso estén entregando la dignidad de España”.
Opinó que esto ha quedado claro en una entrevista concedida por el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras la aprobación de los Presupuestos el Congreso alardeando de que estas cuentas salen adelante gracias a los que quieren “marcharse” de España. “Les ha querido recordar quién manda y les ha dictado el guion de este Gobierno y también el guion de la vergüenza”, deploró.
A FAVOR
Precisamente, desde EH Bildu, Jon Iñarritu se mostró a favor de la reforma porque es “positiva” y va “en la buena vía”, pese a que no recoge “todas las medidas” que ellos consideran necesarias. Tras recriminar al PP que hacen “protestas como si fueran niños”, Bildu apoyó la reforma porque acaba con una “antigualla” .
En nombre del PNV, Mikel Legarda compartió “la necesidad de reformulación de los delitos de orden público”, entre ellos la supresión del de sedición, que describió como una “suerte de artefacto jurídico” o un “ornitorrinco jurídico con retazos de otros tipos penales que tutelan otros bienes jurídicos distintos al del orden público”.
Desde el PDECat, el diputado Genís Boadella celebró que la reforma es una “propuesta válida” pero que hay que “mejorarla”, porque contempla la “supresión” de un “delito anacrónico”. Para ello, apostó por hacer “política” y llegar al entendimiento pero ni “desde el populismo de que esto va a romper España ni de que nos va a llevar a todos a la cárcel”.
Entre los mayores defensores de la reforma estuvo el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pese a que defendió que “no es una concesión” a su partido ni al independentismo sino “una concesión a la democracia, a su democracia, para que dejen de hacer el ridículo en Europa”.
En su intervención, Rufián enumeró una buena parte de medidas que, “gracias a la negociación y el voto de ERC en Madrid” se han puesto en marcha como “decenas de ayudas a millones de personas”, la ley de Infancia o la conocida como del ‘solo sí es sí’, así como que se haya “eliminado un delito decimonónico y quitado un juguete roto a jueces fascistas”, palabras que le sirvieron la reprimenda de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por calificar a un poder del Estado.
EN CONTRA
El más beligerante en la tribuna fue el diputado de Vox Javier Ortega Smith, quién acusó al Gobierno de “legitimar” a los “golpistas, violentos y a sus cómplices” con esta iniciativa. Aseguró que su partido volverá a aprobar en el Código Penal los delitos de “sedición, rebelión y malversación” que la “bancada de la traición a España” va a “derogar”. Además, recordó que España “no está en venta” y que “no es la mercancía propiedad de sus señorías”.
Néstor Rego (BNG) vio “absolutamente necesario para avanzar en derechos democráticos” derogar el delito de sedición. No obstante, criticó que la propuesta del PSOE y Unidas Podemos “sustituye” este delito por otro, el de desórdenes públicos, que “puede tener una aplicación más amplia y extensa y derivar en una conculcación más profunda de libertades”. Al tildar de “muy grave” esto, avisó de que el BNG presentará enmiendas y se opondrá a esta iniciativa “con firmeza” si éstas no se atienden.
Desde Junts, Josep Pallès dejó claro su malestar ante “una solución a la carta que salva a unos pocos y condena a otros miles”, refiriéndose “al resto de represaliados”. “No vamos a ser los tontos útiles que avalen este fraude al principio democrático y al principio del Estado de derecho”, avisó, además de apuntar de nuevo a la vía de la amnistía y la autodeterminación.
En contra también se posicionó el diputado expulsado de UPN Carlos García Adanero, quién afeó la ausencia de miembros del Gobierno pese a que ocupan esos cargos gracias a “pagos como este”, y recriminó la reforma impulsada por el PSOE y UP porque, “por un asiento, uno es capaz de vender los instrumentos de una nación para defenderse de gente secesionistas como ustedes”.
En nombre de la CUP, Mireia Vehí tachó esta proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos de “maquillaje democrático a Europa” pero con el mantenimiento de “la mano dura” porque “convierte en delito” cortes de carreteras y la ocupación de espacios públicos y privados, hasta el punto de que “el 15-M hoy podría ser delito” con esta reforma. “El PSOE gana mayor control de la protesta en medio de una crisis económica sin precedentes”, criticó.
El diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, señaló que si las penas del sistema penal no se deben cambiar “a golpe de cambios particulares”, “peor aún” es que los que cometen los delitos “sean los que soliciten el cambio, como este es el caso”.
La todavía diputada de Coalición Canaria Ana Oramas aseguró que los canarios no han cambiado “ni de opinión ni de posición”, por lo tanto, no apoyará la modificación del Código Penal en materia de sedición “ni desde luego en malversación”, y añadió que son “otros” los que tienen que explicar por qué proponen esta reforma “en el marco de una negociación de presupuestos”.
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