MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La gran mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados se mostraron a favor este martes de admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca acabar con “los copagos confiscatorios” en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Los portavoces de PSOE, Sumar, PP, Vox, ERC, Podemos, Bildu y BNG aseguraron que votarán a favor de la toma en consideración de la ILP, que pide modificar los artículos 14 y 33 de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, asistió al debate de la iniciativa desde la tribuna del Congreso, acompañado por varios representantes del Comité.
En su defensa ante la Comisión de Sanidad hace 15 días, Pérez subrayó que esta ILP “arrastra casi diez años de demora”, desde 2015, “por falta de impulso y compromiso político e institucional”, un retraso que “ha generado frustración y desafección”.
Esta es la cuarta vez que la ILP se registra en las Cortes, que ya la admitieron a trámite en dos ocasiones. “Esperamos que esta sea la definitiva”, reclamó Pérez.
CAMBIOS
Con casi 740.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, la ILP pide modificar la Ley 39/2006 para incluir una serie de medidas que pongan fin a lo que, a su juicio, resulta “un copago confiscatorio” por los servicios de dependencia.
Para empezar, reclama que la norma incluya “unos criterios sobre determinación de la capacidad económica y sobre la participación en el coste iguales y vinculantes para todas las comunidades”, que después podrían ser desarrollados reglamentariamente y complementados por las autonomías.
Entre otros mínimos, propone la exención de 1.500 euros (2,5 veces el Iprem) en todos los servicios y prestaciones del sistema (“también el residencial”), limitar la aportación máxima de la persona al 60% del coste del servicio que reciba, y asegurarle siempre el 40% del Iprem como renta disponible (dinero de bolsillo). También defiende que “la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia” y su prolongación estimada sean tenidos en cuenta como nuevos criterios para determinar la capacidad económica de una persona, “proyectándose sobre su renta y sobre su patrimonio”.
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