MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El Congreso de los Diputados rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención.
De este modo, el rechazo de PP, Vox y Junts per Catalunya impide que pueda tramitarse la iniciativa, acordada entre los Gobiernos central y de Canarias para que los traslados de menores migrantes entre comunidades autónomas sean obligatorios y automáticos cuando un sistema de protección llegue al 150% de su capacidad de ocupación.
La propuesta, que contemplaba un plazo de 15 días para el traslado de los menores desde el momento de su registro y un año de cara al reparto de aquellos niños llegados ya a Canarias, buscaba resolver “la situación de emergencia” que vive el archipiélago, que en la actualidad atiende a casi 6.000 menores. Ceuta y Melilla también se verían favorecidas por la iniciativa, que no excluía a ninguna comunidad autónoma.
Toda la izquierda, el PNV y el grupo Mixto votaron a favor.
PIDEN SOLIDARIDAD
Durante la defensa de la proposición, los portavoces de los tres partidos firmantes de la proposición –PSOE, Sumar y Coalición Canaria—pidieron a los diputados votar a favor de la toma en consideración de la citada reforma legislativa, para “por lo menos, abrir el debate”.
Según declaró el diputado socialista Luc André Diouf,“hoy toca votar” porque “no queda más tiempo” ante la situación “de emergencia” que se vive en Canarias. Sin embargo, el debate “no tiene por qué terminar aquí”, y emplazó a los grupos a la presentación de enmiendas para seguir negociando.
Explicó que el mecanismo automático que propone la iniciativa hará más fácil que estos niños y niñas “sean escolarizados, que puedan ser acogidos en una familia o en una vivienda, que reciban la ayuda que necesitan…”. En suma, ayudará a “garantizar sus derechos como menores” y favorecer “su inclusión social”. De origen senegalés, Diouf admitió su especial vinculación con “la emergencia” que se vive en las islas y agradeció la “solidaridad de todo el pueblo canario”.
Diouf, que pidió a los diputados que piensen en estos menores como “niños y niñas que son”, expresó su deseo de que “el hambre, la guerra y el fanatismo religioso no vuelvan a España”, pues de eso “huyen” estas personas. “Ojalá sus hijos e hijas no tengan que abandonar sus tierras, ojalá sus hijos e hijas no tengan que ver a sus padres morir en el mar”.
Su compañera socialista María Guijarro instó también a los parlamentarios a que “piensen en sus hijos e hijas” a la hora de decidir el futuro de estos menores. “Se me encoje el corazón”, dijo, y llamó a “dejarse de “excusas económicas, competenciales o de falta de diálogo”.
Por parte de Sumar, Nahuel González apeló a la necesaria “solidaridad entre comunidades” y a la “humanidad para con estos niños y niñas”. Lamentó que “Junts y PP se hayan alineado con la ultraderecha” en su rechazo a esta propuesta, y se preguntó si “de verdad son cristianos los que dicen serlo y luego se oponen” a los traslados de menores.
La portavoz de Coalición Canaria, Cristina Valido, afirmó que no puede “volver a Canarias diciendo que el Congreso del Estado no es capaz de adaptarse a la realidad migratoria, que no comprende cuál es la situación que vivimos, que no entiende que el interés superior de los menores debe primar sobre todo”. “No tengo discurso” para ello, se justificó.
“Esta modificación legislativa no es solo para Canarias, es para todo el territorio”, defendió Valido. Señaló que solo este fin de semana han llegado 500 migrantes a las islas y dijo a los diputados: “A ustedes les viene muy bien que estemos tan lejos”.
“Nosotros no podemos decir que no los atendemos si el Gobierno central no nos garantiza recursos”, como hacen otras autonomías, declaró. “Los salvaremos, los ayudaremos aunque no tengamos el dinero”, insistió. Valido subrayó que “hoy solo se vota una admisión a trámite”, con lo que el debate está abierto y “podemos construir una política migratoria entre todos”.
En contra de la toma en consideración votaron Vox, PP y Junts per Catalunya. En opinión del diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez, “la única manera de evitar el efecto llamada es cumplir la ley y devolver a sus países a todos los que llegan de forma ilegal”.
Rodríguez habló de “una caridad ordenada”, en respuesta a la acusación de ‘poco cristiano’ que lanzó el diputado de Sumar, provocando las risas de varios parlamentarios. “Es verdad, no se puede quitar el pan a los propios hijos. Esto es una cuestión de moral universal”, declaró.
Por su parte, la diputada popular Ana Alós exigió la retirada del texto. “Retiren la proposición, convoquen una Conferencia de Presidentes y un Pleno extraordinario para hablar de inmigración”, reclamó, y “verán cómo les planteamos soluciones”.
Según Alós, “las comunidades gobernadas por el PP acogen el 81% de los menores no acompañados” que hay en España”. “Así que no vengan a darnos lecciones de humanidad”, reclamó a los diputados de la izquierda. Declaró que “para empezar a hablar les exigimos la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio nacional, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes autonómicos, un compromiso de financiación real, que reconozcan a los menores ya acogidos, y una política migratoria en línea con la Unión Europea”.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, justificó su rechazo porque la proposición incluye a Cataluña en la distribución de menores, cuando su grupo reclama el traspaso de las competencias en inmigración.
“Nos oponemos a seguir sobresaturando Cataluña”, dijo, y aseguró estar “convencida de que la mayoría de las personas entienden por qué lo hacemos”. “Ustedes no proporcionan los recursos para garantizar una acogida digna” a los menores, criticó Nogueras. A su juicio, “lo que hacen es dar alas a la derecha y a la ultraderecha” porque “no da tranquilidad ni a los que vienen ni a los que están”. Según la diputada, “el señor Illa tendrá pues que explicar por qué su partido apoya una ley que tensiona a Cataluña”.
QUERÍAN ENMENDAR
Podemos, ERC , PNV y Bildu habían anunciado su voto a favor de la toma en consideración de esta proposición, aunque también avanzaron su intención de presentar enmiendas.
Según dijo Noemí Santana, de Podemos, “no se trata de repartir niños como paquetes de Amazon”. “Existen mecanismos más garantistas con los que queremos mejorar el texto”. “Esperamos que se admitan”.
Desde ERC, Jordi Salvador declaró que “Cataluña es tierra de acogida” y que “estamos orgullosos de atender a los niños que lo necesitan”. Sin embargo, demandó que todas las comunidades autónomas reserven un 25% de sus sistemas de atención a la infancia para acoger menores migrantes, a fin de que no utilicen “el argumento de la sobreocupación cuando es falta de voluntad”, que el Estado mejore los procedimientos de determinación de la edad, que el Gobierno central no regule el destino de los menores una vez instalados en el territorio de acogida, y que “garantice recursos para atender a jóvenes ex tutelados entre 18 y 21 años”.
También la diputada del PNV Maribel Vaquero expresó la necesidad de “clarificar competencias”, con lo que defendió enmiendas referidas a la responsabilidad del Estado en la determinación de la edad y la tutela de los menores que aún no han sido registrados.
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