MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El Congreso debatirá esta semana, a instancias del PP, que los condenados por terrorismo no puedan ser candidatos en elecciones sin rechazar la violencia, lo que impediría que etarras formen parte de las listas de EH Bildu, algo que ha sucedido en las últimas citas con las urnas.
Esta cuestión será tratada en el Pleno de la Cámara Baja de este martes, donde se debatirá una proposición de ley del PP sobre “modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, relativa a las causas de inelegibilidad”.
Esta iniciativa se abordará un día después de que el Senado analice y vote este lunes la ley de antecedentes y resoluciones judiciales de la UE, que incluye dos enmiendas que reducen el tiempo en la cárcel de los etarras que han cumplido condenas en otros países. Esta circunstancia ha provocado una intensa polémica, al denunciar PP y Vox que no eran conscientes de que se incluían estas disposiciones que favorecen a los condenados por terrorismo.
En este contexto, la proposición de ley planteada por los populares en el Congreso sobre “causas de inelegibilidad” en las elecciones busca “extremar las cautelas frente a quienes dedicaron la mayor parte de su vida a sembrar el terror o lo justificaron y que ahora pretenden formar parte de las instituciones” sin acreditar su arrepentimiento.
El texto establece que los condenados por terrorismo que hayan cumplido condena deberán acreditar documentalmente, al presentar su candidatura, “su rechazo al terrorismo, a su justificación, a sus fines y a sus medios”, así como su arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas.
PAGAR LAS INDEMNIZACIONES
Además, tendrán que demostrar que han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y cumplido íntegramente las penas accesorias impuestas.
La proposición señala que, tras publicarse las candidaturas, corresponderá al Gobierno comprobar que ningún candidato incumple estos requisitos e informar a la Junta Electoral competente si detecta algún caso.
En la exposición de motivos, los populares aluden a la “indignación” generada en la sociedad española por la inclusión de más de un centenar de condenados por terrorismo en listas electorales desde 2011, especialmente en los comicios de 2023 en País Vasco y Navarra.
La formación popular considera que esta situación “ha devuelto a sus víctimas al horror sufrido” y “obliga al legislador democrático a proveer de nuevos instrumentos legales para impedir que en el futuro pueda volver a repetirse”.
Se argumenta que la democracia debe dotarse de “instrumentos jurídicos para su defensa”, garantizando la integridad física y psicológica de los ciudadanos y situando a las víctimas del terrorismo “en el centro”. La proposición de ley consta de un artículo único que modifica la Ley Electoral y dos disposiciones finales.
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