MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el informe de la Subcomisión para la Renovación y Actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por 315 votos a favor y 33 en contra. El grupo Parlamentario Vox fue el único que se opuso al nuevo acuerdo, que contiene 461 medidas.
Tras el debate, tomó la palabra la ministra de igualdad, Ana Redondo, quien se comprometió a trabajar “con determinación” para aplicar y desarrollar el nuevo acuerdo, que “de momento es solo un primer paso”. Ahora “tenemos por delante un arduo trabajo institucional”, señaló, para sacar adelante estas más de 460 medidas” y atender “el mandato del Congreso”.
“A esta misión nos vamos a dedicar con determinación”, dijo, convencida de que “les debemos a las generaciones presentes y futuras una sociedad libre de violencia de género y machista, en la que mujeres y hombres puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad e Igualdad”.
Las 461 medidas del nuevo Pacto, en cuya elaboración trabajó la subcomisión creada al efecto durante meses, contienen una importante perspectiva de infancia y reconocen nuevos tipos de violencia machista.
VIOLENCIA VICARIA
Según Redondo, esta actualización da respuesta “a una forma despiadada de violencia, como es la vicaria, que se ejerce contra los hijos e hijas con el único propósito de dañar profundamente a la mujer”.
De hecho, una de las principales novedades pasa por reconocer como víctimas directas de violencia de género a aquellos menores que sufren violencia vicaria. También propone garantizar una formación especializada para aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con menores víctimas, introducir las reformas necesarias para coordinar las redes asistenciales dirigidas a las mujeres víctimas y los servicios de protección integral a la infancia y la adolescencia, perfeccionar los sistemas de valoración del riesgo de la violencia de género para que tengan en cuenta las necesidades y realidades los de los menores de edad, facilitarles el proceso de denuncia en sede policial, y proporcionar una formación transversal sobre violencia vicaria a todos los profesionales al servicio de la Administración de Justicia.
NUEVAS VIOLENCIAS
La ministra explicó que la renovación del Pacto “debe servir también para afrontar nuevas formas de dominación sobre las mujeres”, como “la violencia digital, que se ha extendido masivamente a través de las redes sociales y que se ceba con los más jóvenes”.
Con este objetivo, el nuevo Pacto prevé abordar mediante ley la protección específica de los menores en entornos digitales, con especial atención a la prevención de la violencia machista. Habla de atender a las víctimas de violencia digital de manera integral y prevé desarrollar protocolos de actuación y de formación específicos para el peritaje informáticos dentro de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, pretende responder a la violencia económica, que “impide la autonomía de muchas mujeres que se ven sometidas a su maltratador por la ausencia de recursos”. Propone medidas para detectar casos en los que un agresor impide a la mujer aceptar empleos, incurre en impagos de forma habitual, etc.
El acuerdo también “contempla la violencia que se ejerce sobre las mujeres con discapacidad, que sufren una doble o triple discriminación”, dijo la ministra, y “la situación de enorme vulnerabilidad que afrontan las víctimas en el mundo rural”.
AGRADECIMIENTOS
Para concluir, Redondo dio las gracias a los diputados y diputadas que han trabajado para alcanzar este acuerdo, a “las mujeres que han sufrido en su carne estas agresiones” –algunas presentes en la tribuna–, a “las asociaciones y al movimiento feminista, que tanto nos han aportado, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. “A todos les quiero agradecer su compromiso con la causa más noble”, declaró.
Fueron muchos los parlamentarios que se dirigieron a las activistas presentes en el Congreso para seguir el debate y aprobación del nuevo Pacto de Estado, a fin de reconocer sus aportaciones y su trabajo de tantos años.
La presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género del Congreso de los Diputados, la socialista Lidia Guinart, dedicó el trabajo de la subcomisión de forma especial a “Ana Orantes, cuyo brutal asesinato marcó un hito trágico pero histórico” en la lucha contra las agresiones machistas.
Tuvo también un recuerdo emocionado “para todas las Anas Orantes que se han quedado por el camino” y “para todos los niños, niñas y adolescentes que han sufrido y sufren esta violencia”. “Las 461 medidas que contiene este informe van encaminadas a su mayor y mejor protección”, prosiguió, “para acabar con tanta violencia y con la mella que hace en nuestra democracia”.
VOX SE QUEDA SOLO
En la misma sesión, el veto de Vox al informe de la subcomisión fue rechazado por 313 votos en contra y 34 a favor. Su portavoz, Rocío Aguirre, manifestó que “en Vox estamos muy orgullosos de ser los únicos en contra de este pacto fallido, que no ha servido para proteger a las mujeres”.
A su juicio, ni la Ley 1/2004 integral contra la violencia de género ni el Pacto de Estado de 2017 “han servido para nada”. “Las muertes no han bajado, los delitos contra la libertad sexual han subido un 87%, las agresiones sexuales con penetración, un 126%…”, argumentó.
Aguirre aseveró que el 46% de las agresiones son cometidas por extranjeros y acusó al Gobierno de “estar importando machismo”. “Estamos en contra del pacto y de la ley”, prosiguió, porque “la violencia no tiene género”. Además, acusó al resto de partidos de que “solo les interesa controlar el dinero –3.000 millones de euros—que aporta el Pacto”, ya sea a través de la administración central, ya mediante los ayuntamientos o las comunidades autónomas.
EL DEBATE
Durante el debate, los portavoces del PNV y del PSOE, Joseba Agirretxea y Malena Herrera, respectivamente, afearon la actitud de Vox y la “nula participación” de sus dos representantes en los trabajos de la subcomisión. “Algún día, tendrán que dar explicaciones” a las víctimas, advirtió Herrera.
El Pleno rechazó varias enmiendas parciales al texto propuestas por distintos partidos del Grupo Mixto. De hecho, los portavoces del BNG, Néstor Rego, y de Podemos, Noemí Santana, expresaron su apoyo al nuevo Pacto.
Entre otros puntos, Rego defendió que el nuevo acuerdo “incluya partidas presupuestarias que aseguren los recursos necesarios” de cara a su puesta en marcha, recoja “el 100% del contenido del Convenio de Estambul”, garantice que “los centros de crisis 24 horas son de titularidad pública”, y proteja el derecho de todas las mujeres a acceder al aborto en la sanidad pública.
Por su parte, Santana denunció que la violencia obstétrica y otros tipos de agresiones “siguen fuera del acuerdo”.
También la portavoz de ERC, Edna Estrems, echó en falta que el Pacto incluya la realidad de las disidencias sexuales o de las mujeres en situación irregular. “¿Cómo proteger a estas últimas sin reformar la Ley de Extranjería?”, se preguntó la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta.
La representante de Sumar, Julia Boada, quiso incidir en la importancia del “amplio acuerdo parlamentario alcanzado”, porque “hoy no estamos aquí para que cada partido imponga su programa”, sino “para buscar un consenso que nos permita avanzar en la protección” de las víctimas y “en la prevención” de las agresiones. En su opinión, este acuerdo puede lograrlo.
Aunque también votaron a favor del nuevo Pacto, la portavoz del PP, Ana Isabel Alós, y el de UPN, Alberto Higueras, se mostraron críticos con la gestión del Gobierno en materia de la violencia de género. Alós denunció “la poca eficacia y transparencia” con que se invirtieron los recursos previstos en el Pacto de 2017, mientras que Higueras lamentó la aprobación de leyes como la del ‘solo sí es sí’, que “ha puesto en la calle a decenas de violadores”.
Además, criticaron a Podemos, Sumar y PSOE por “dar lecciones de feminismo” cuando “sus machos alfa actúan como agresores y no hacen nada”.
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