MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que la entrada en vigor de la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la competencia para conocer de todos los delitos de violencia sexual, supondrá un incremento medio en toda España del 12,9% en el número de asuntos que tramitarán, si bien la incidencia variará mucho según los territorios.
El estudio realiza una estimación de la carga de trabajo por comunidad autónoma y por partido judicial pues, con los datos recabados por el CGPJ, la incidencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2025 se mueve en una horquilla que va desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79%.
Las características de cada territorio, el tamaño de las localidades, los medios de que dispones y la ubicación geográfica (interior o zonas costeras) son variables que influyen claramente en las cifras.
Elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ, el informe tiene como finalidad principal conocer de forma aproximada el incremento del número de asuntos que pasarán a ser competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, en consecuencia, permite también hacer una estimación de la disminución en la entrada de casos en los Juzgados de Instrucción o Mixtos que actualmente son competentes en materia de violencia sexual.
Para hacer el cálculo se han tenido en cuenta distintos tipos de procedimientos y todos los tipos delictivos relacionados con la violencia sexual que recoge el Código Penal.
El CGPJ está elaborando una propuesta de modificación de los boletines, que remitirá para su aprobación a la Comisión Nacional de Estadística, por lo que se calcula que en un año se podrá contar con información más completa.
El incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Cataluña y en Baleares, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,25 y del 19,60%, respectivamente.
Les siguen Murcia (18,3%), Galicia (18,27%), La Rioja (17,36%), Navarra (17,19%), Castilla y León (17,17%), Cantabria (15,23%), Castilla-La Mancha (14,58%), Madrid (14,36%), Asturias (14,13%), Canarias (13,55%) y Extremadura (12,08%). Por último, Comunidad Valenciana (8,04%), Andalucía (7,32%), Aragón (4,23%) y País Vasco (2,79%).
El estudio permite conocer también la disminución del volumen de asuntos que recaerán en los Juzgados de Instrucción y en los Mixtos cuando entre en vigor la ley. La reducción del número de asuntos también varía según las características del territorio y se movería entre el 3,55% de Baleares y el 0,35% del País Vasco.
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