MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El representante legal de BBVA, citado a declarar este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el ‘caso Villarejo’, se ha acogido a su derecho a no declarar en relación con las contrataciones de la entidad con empresas vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La entidad se acoge a ese derecho en espera de que se resuelva el recurso de apelación contra el auto en el que se cita a la entidad como investigada. El BBVA está investigado dentro de la pieza nueve del ‘caso Villarejo’, conocida como ‘Trampa’, por los contratos que habría suscrito para espiar a competidores, empresarios, políticos a lo largo de 2004, cuando la constructoria Sacyr intentó tomar el control de la entidad.
En esta causa estaban imputados varios directivos del banco como el exdirector de Riesgos del BBVA Antonio Béjar, el exjefe de seguridad Julio Corrochano o el exconsejero delegado Ángel Cano. Después, el juez imputó al expresidente de la entidad Francisco González, al que tomó declaración en 2019.
Precisamente, González ha pedido al juez volver a declarar a tenor de los nuevos datos obtenidos durante la instrucción. En un principio, García Castellón había citado a González para el próximo día 2 de noviembre, pero su defensa ha solicitado un aplazamiento por tener otras comparecencias ese mismo día en la Audiencia Nacional. El magistrado ha aplazado su comparecencia hasta el 15 de diciembre.
El juez de la Audiencia Nacional quería oír la versión del banco sobre los encargos que presuntamente hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2017 y por lo que habría llegado a pagar una cifra cercana a los diez millones de euros.
García Castellón quiere averiguar ahora si el BBVA contrató en 2018 a una empresa de la órbita de Villarejo dirigida por un policía, para conseguir información de las bases policiales sobre ciertas personas.
En esa línea, el magistrado ofreció a más de sesenta personas la posibilidad de actuar contra el banco como posibles perjudicados por estas acciones que pueden constituir un ilícito penal y persigue averiguar cuál era el interés del banco o de cualquiera de sus empleados en conseguir esa información.
Para ello, el juez citó a lo largo del mes de octubre a otras ocho personas investigadas, entre ellas, el policía Antonio Bonilla, a cargo de la empresa que supuestamente realizó los trabajos y que se negó a declarar. Varios empleados del banco y otros policías se acogieron también a su derecho a no prestar declaración o no acudieron. Tan sólo el trabajador del BBVA José López respondió. La entidad cierra mañana esta ronda de declaraciones.
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