MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado recurso de súplica ante la Audiencia Provincial de Madrid para pedir que resuelva antes del próximo 30 septiembre el recurso que presentó el pasado 9 de julio pidiendo el archivo de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno.
La Audiencia Provincial de Madrid anunció el pasado miércoles que estudiará el próximo el 30 de septiembre la petición de Begoña Gómez para que se archive la investigación del juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ese mismo día, la Audiencia valorará también el recurso de la Fiscalía.
Entiende el letrado que a lo largo de este proceso se están produciendo “graves violaciones” del derecho de defensa de los investigados y añade que este recurso de súplica es la única vía procesal que le queda para combatir esas arbitrariedades.
Camacho entiende que los recursos deben resolverse por orden de presentación, pero indica que “una Justicia tardía puede producir daños irreparables en el derecho de defensa de los investigados”. Carga contra la instrucción “mutante” del juez y recuerda que fue la propia Audiencia Provincial la que estableció los límites a esta investigación que, a su juicio, “quedó vacía de contenido” tras el paso a la Fiscalía Europea de parte de las pesquisas.
Según explica la defensa de Gómez, el juez ha continuado haciendo indagaciones sobre el “rescate de Globalia/Air Europa” y sobre “pretendidas irregularidades” en la Universidad Complutense de Madrid que habían quedado excluidas de la investigación.
Insiste Camacho en que se está “lesionando gravemente el derecho de Defensa” y denuncia el cambio de condición de testigo a investigado del empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, una vez que ya habían prestado declaración completa como testigos.
La semana próxima está citado a declarar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta situación ha sido recurrida por la defensa de Gómez, pero dado que hay otros recursos de previa presentación sin resolver y que algunos de ellos tiene fijada su fecha de deliberación para el 30 de septiembre, no se estudiaría al menos hasta octubre, más de dos meses después de que produzca la comparecencia.
PETICIÓN DE ARCHIVO
El abogado de Begoña Gómez presentó el pasado 9 de julio un recurso contra el auto del juez Peinado en el que le informaba de que estaba investigando “todos los actos, conductas y comportamientos” que había mantenido desde que su marido, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno.
En su escrito de apelación, el letrado sostiene que el instructor está realizando una investigación “prospectiva e inquisitorial”, que tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional prohíben expresamente. Camacho argumenta que “en un Estado de derecho avanzado como el nuestro” no cabe la investigación de “toda la vida de mi representada, ni siquiera con la vinculación de esa formulación que hace el auto objeto de recurso a la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. En definitiva, que no cabe una investigación de todos los actos, conductas y comportamientos de nadie en un sistema procesal penal democrático”.
La defensa de Gómez volvía así a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ya se pronunció sobre esta investigación el pasado 29 de mayo, estableciendo que de entre los hechos denunciados por Manos Limpias tan sólo se debía aclarar lo relativo a los contratos del ente público Red.es, que ahora están en manos de la Fiscalía Europea por involucrar fondos comunitarios.
Camacho defiende que no hay indicios delictivos que justifiquen continuar esta instrucción y, por tanto, “mi representada debe dejar de estar en este procedimiento en calidad de investigada. Y todo ello sin perjuicio de que los hechos por los que se inició esta causa estén siendo investigados por la Fiscalía europea”.
FISCALÍA
Por su parte, la Fiscalía presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial acusando al juez de haber incurrido con su instrucción en una “deriva“ por la “amplísima” dimensión de esta causa “general” basada en datos generales con “falta de concreción”.
El Ministerio Público acudía así a una instancia judicial superior al Juzgado de Instrucción número 41 con la tesis de que su titular ha sobrepasado los hechos a los que acotó el procedimiento la propia Audiencia Provincial de Madrid al practicar diligencias sin aclarar las razones que hacen procedente esta investigación judicial contra la mujer del presidente. Solicita, por tanto, la acotación de esta instrucción.
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