MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El Tribunal Supremo (TS) resolverá el recurso de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado el próximo 28 de enero, tan sólo un día antes de que declare como imputado en la causa por presunta revelación de secretos.
Será la Sala de lo Contencioso Administrativo la que tenga que deliberar ese día sobre el recurso de esta asociación conservadora de fiscales, que además está personada como acusación popular en la causa que instruye el juez Ángel Hurtado por la difusión de datos sobre la causa en la que se investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales y uno de falsedad.
La Sala pretende resolver ese mismo día sobre el recurso, aunque no es seguro que el fallo se conozca antes de la declaración. En caso de que el recurso sea estimado se podría dar la circunstancia de que García Ortiz llegara a declarar al Supremo con su nombramiento anulado.
El recurso de APIF esgrimía la supuesta “parcialidad” de García Ortiz, al que consideran afín al Gobierno de Pedro Sánchez, y denunciaba una actitud “descaradamente parcial” que le ha llevado a “omitir” algunas obligaciones respecto de la Fiscalía y a no tener en cuenta al Consejo Fiscal al “apropiarse de alguna de sus potestades decisorias”.
El fiscal general tendrá que declarar el día 29 tras ser citado por Hurtado, quien cree que García Ortiz pudo estar tras una noticia que publicó ‘elDiario.es’ el 12 de marzo en la que se revelaba que González Amador defraudó más de 350.000 euros a Hacienda, así como de la revelación de los correos electrónicos que intercambiaron el abogado del novio de Ayuso y el fiscal encargado de investigarle, Julián Salto.
El recurso que se verá el próximo día 28 tiene que ver con la decisión del Gobierno de renovarle en el cargo en diciembre de 2023. La decisión se tomó pese al criterio en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que le consideró “no idóneo” para ser fiscal general.
El CGPJ sí que había avalado el nombramiento de García Ortiz para su primer mandato. En ese tiempo el Tribunal Supremo había anulando el ascenso de la ex fiscal general Dolores Delgado, que escaló a la más alta categoría de la carrera.
García Ortiz propuso a la que fuera su antecesora para fiscal de Sala togada del Tribunal Supremo y después para fiscal de Sala de Memoria Democrática, un cargo de nueva creación. Ambos nombramientos fueron anulados y se decidieron con la opinión contraria del Consejo Fiscal, que es un órgano consultivo y no decisorio en este caso. El argumento del Supremo fue que al hacer ese nombramiento García Ortiz incurrió en “desviación de poder”.
El recurso de APIF se deliberará precisamente en la misma sección que acusó al fiscal general de “desviación de poder”, con ponencia de José Luis Requero. El fisca general presentó incidente de recusación contra los cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por ser los que habían tumbado el nombramiento de Dolores Delgado.
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