MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Municipal de Eibar, ha detenido a una mujer por un presunto delito contra la hacienda pública en el marco de la Operación Wiza, investigación que busca la detección de fraudes en la obtención de ayudas y subsidios de diferentes organismos, tanto autonómicos como estatales, llevados a cabo mediante empadronamientos ficticios en domicilios de la provincia de Guipúzcoa.
La investigación de la Brigada de Extranjería y Fronteras de San Sebastián se inició tras una información de la Policía Municipal de Éibar que alertaba de que una mujer que se encontraba empadronada en este municipio guipuzcoano estaría percibiendo prestaciones económicas del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) cuando, en realidad, residía en Francia. Esta información también fue trasladada a Lanbide, que inmediatamente paralizó estas ayudas.
Durante las pesquisas, los agentes pudieron averiguar que había solicitado prestaciones alegando que la unidad de convivencia en su domicilio la integraban únicamente su hijo menor de edad y ella, cuando en realidad el niño vivía en la provincia andaluza de Huelva junto a su padre.
Los investigadores, también pudieron demostrar que tenía varias de las habitaciones subarrendadas a otras personas y que se había valido de un tercero, previo pago, para empadronar momentáneamente en su casa a una de estas personas y beneficiarse así de más subvenciones públicas.
En este sentido, para tratar de no ser descubierta cuando Lanbide se percató de que en su casa estaba realizando estas prácticas y había empadronado a otra persona irregularmente, alegó que se trataba de un ciudadano ucraniano desplazado por la guerra que había acogido, cuando en realidad esta persona se encontraba en España desde el año 2003 y residía en su casa de manera continuada desde el año 2020, pagándole 300 euros mensuales por el alquiler de una habitación.
La detenida, que residía en Niza, había solicitado otra prestación económica improcedente. Además, pudieron acreditar que la investigada residía de manera continuada, al menos desde enero de 2022, en la ciudad francesa, donde tenía alquilada una vivienda y había constituido una sociedad a través de la cual adquirió el traspaso de un local de ocio que comenzó a regentar.
Igualmente, averiguaron que en Francia también había solicitado una prestación económica alegando que tenía a cargo a su hijo menor de edad.
Con estas artimañas, logró que se le concediera y mantuviese el cobro mensual de 672,48 euros en concepto de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y 275 euros como Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), obteniendo así unas ganancias de 14.913 euros entre octubre del 2021 y noviembre del 2022.
Por todo ello, el día 11 de enero se procedió a su detención, resultando ser una mujer marroquí de 33 años que fue puesta al día siguiente a disposición del Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de San Sebastián.
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