MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
Los ministerios de Defensa e Interior han reforzado sus medidas de ciberseguridad después de que se detectara la filtración en la ‘dark web’ o internet oculta de datos personales y médicos de 160.000 miembros de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.
Así lo asegura el Gobierno en una respuesta por escrito enviada al Congreso y recogida por Servimedia, donde Vox había preguntado “sobre robo cibernético de información altamente sensible relativa” de estos miembros de la Benemérita y las Fuerzas Armadas.
La filtración de los datos de estos 160.000 funcionarios se conoció este pasado mes de enero, cuando se informó de la aparición de información de estos empleados públicos en la ‘dark web’. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) explicó que la filtración podría estar vinculada a un ataque de ‘ransomware’ ocurrido en marzo de 2024.
El ataque tuvo como objetivo la empresa Medios de Prevención Externos Sur SL, subcontratada para realizar reconocimientos médicos a guardias civiles y militares. Los datos comprometidos incluyen nombres, correos electrónicos, identificadores profesionales y resultados médicos de estos funcionarios.
El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) notificó la publicación del anuncio de venta de estos datos tanto al Mando Conjunto del Ciberespacio como a la Guardia Civil, lo que ha permitido a Defensa “la implantación de las medidas de revisión, mitigación y prevención adecuadas”.
“PREVENCIÓN Y CIBERSEGURIDAD”
Por lo que se refiere a la respuesta de Interior, del que también depende la Guardia Civil, se informa de que la Secretaría de Estado de Seguridad también participa “en numerosas iniciativas en el ámbito de la lucha contra la ciberdelincuencia”.
Esto permite al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska esté “implementando políticas de prevención y ciberseguridad adecuadas, fomentando la concienciación y formación de los ciudadanos en materia de ciberseguridad y buenas prácticas en Internet, alertando sobre sus riesgos y promoviendo el uso responsable de las tecnologías digitales”.
Al mismo tiempo, el Gobierno informa de que, con el fin de asegurar los derechos de los ciudadanos españoles en Internet, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) tiene como finalidad la lucha contra la cibercriminalidad. También participa en la ejecución de varias estrategias nacionales, como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, y el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad.
En la respuesta también se alude a la reciente potenciación de las capacidades ejecutivas de la Secretaría de Estado de Seguridad en el ámbito de la ciberseguridad y de la lucha contra la cibercriminalidad, tras la aprobación legislativa que permite la creación del Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-PJ). Con este centro se busca dar soporte técnico y coordinar a las unidades de investigación de la ciberdelincuencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), así como de un Observatorio Contra la Cibercriminalidad del mismo Ministerio.
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