MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La Guardia Civil ha reforzado las actuaciones en materia de vigilancia y control de la adecuada gestión de los recursos hídricos, principalmente acuíferos, y ha realizado un total de 4.348 servicios relativos a la vigilancia de fincas rústicas con el fin de atajar esta problemática.
Según informó este sábado el Instituto Armado, se han realizado un total 886 inspecciones, en las que se ha detenido o investigado a 26 personas y se han denunciado 25 infracciones penales y 1.140 infracciones administrativas, la mayoría de ellas contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente y la Distracción y Defraudación de Aguas.
Entre las técnicas de captación ilegales de aguas más comunes, los agentes del Seprona han encontrado perforaciones de pozos y sondeos careciendo de autorizaciones, balsas ilegales de acumulación de agua, también captaciones directas de cauces, arroyos y caudalímetros (contadores volumétricos de agua) no homologados, manipulados o simplemente no operativos.
La mayoría de instalaciones carecía de medidas de seguridad, lo que representa un peligro para la vida o la integridad física de personas o animales, sobre todo cuando las estructuras son abandonadas después de ese aprovechamiento ilegal.
IMÁGENES POR SATÉLITE
Actualmente, también se está trabajando con las confederaciones hidrográficas en el estudio de imágenes por satélite para determinar aquellas fincas que están cultivando productos incompatibles con la cantidad de agua para riego autorizada.
Durante los últimos cuatro años, la Guardia Civil han inspeccionado un total de 3.453.008 metros cuadrados de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se había estado realizando una extracción continuada, durante varios años, de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos o balsas.
Se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente, y que la extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas, pudiendo causar todo ello unos daños al dominio público hidráulico de alrededor de unos 10.000.000 euros aproximadamente.
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