MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, alertó este viernes por carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, del “pacto” del presidente catalán, Pere Aragonès, con el Gobierno de Pedro Sánchez para “burlar” las sentencias del Tribunal Supremo sobre la aplicación de un 25% de castellano en las aulas catalanas.
Según explica Ciudadanos, Aragonès reconoció en una entrevista que acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez que este no recurriese ante el Tribunal Constitucional las leyes catalanas que “burlan” las sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de clases en español.
“¿Qué medidas va a tomar a nivel europeo ante estas nuevas revelaciones? Y en su encuentro con Aragonès, ¿piensa reivindicar la aplicación de las sentencias judiciales firmes también en el territorio catalán para así proteger los derechos de las familias que reclaman una educación en español?”, plantea Pagazaurtundua a Reynders.
Esta eurodiputada de Ciudadanos se ha dirigido en varias ocasiones a Reynders para denunciar la “inacción” del Gobierno ante los “ataques” al Estado de Derecho en Cataluña, “pero ahora tenemos las pruebas”, dice. “Ha habido una concertación política a favor del desacato de sentencias y contra el imperio de la ley que implica discriminación manifiesta por razones de lengua”, afirma en su carta.
Pagaza le recuerda a Reynders en su carta las palabras que él mismo pronunció en su reciente visita a Madrid: es el Estado el que debe garantizar que se cumplan las sentencias pero de no ser así “quizás haya que empezar con una advertencia en el informe del Estado de Derecho y ver qué pasa, pero de momento son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales”.
A su juicio, las revelaciones de Aragonès muestran que “ha llegado el momento de que la Comisión Europea actúe en la medida de sus posibilidades contra los ataques al Estado de Derecho en uno de los Estados miembro, la vulneración de la separación de poderes y la politización en la aplicación de la Justicia”.
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