MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, denunció este jueves que el “hombre más rico del mundo”, en referencia a Elon Musk, esté “jugando al Risk” con las democracias europeas y “poniendo las redes sociales, la esfera pública digital, obscenamente al servicio de proyectos políticos antidemocráticos” y se mostró convencido de que la “principal amenaza” a la democracia es la “concentración obscena de riqueza y de poder en unas pocas manos, en manos de los ultrarricos”.
Así lo precisó durante su intervención en el acto de presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2024-2030), que fue clausurado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y que contó con la participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la Asociación Provivienda así como de la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea.
En el transcurso de su alocución, Bustinduy subrayó que el de la pobreza, incluida la infantil, es el “principal problema político y social que tiene este país” y que la nueva estrategia es la “hoja de ruta para todas las políticas públicas de este país hasta el año 2030” con el “objetivo esencial” de “erradicar la pobreza en España”, que es la “primera prioridad” para su departamento.
Tras valorar el “giro absoluto que han dado las políticas económicas y sociales en España respecto a la década ominosa de la austeridad y los recortes”, cuando, lamentó, “los efectos de las crisis económicas se hacían pagar con derechos de las mayorías sociales”, Bustinduy hizo hincapié en la labor del gobierno de coalición, que ha afrontado las últimas crisis “de una manera diametralmente opuesta a lo que había sucedido en la década anterior”.
“Y es importante recordarlo, porque los resultados son objetivos e inapelables”, abundó, al tiempo que incidió en que, frente a quienes anunciaban “el apocalipsis” y advertían de los “terribles efectos que tendrían estas políticas pensadas en beneficio de las mayorías sociales”, los resultados “son inapelables”.
ÍNDICES INACEPTABLES
En este contexto, reconoció que, con todo, el riesgo de exclusión social y de pobreza “se mantienen en unos índices que son inasumibles e inaceptables para la cuarta economía de la zona euro” y que deben “cambiar” y avanzó que “para eso sirve” esta nueva estrategia, aprobada en el último Consejo de Ministros de 2024 y que está centrada en varios ejes, entre los que mencionó la garantía de ingresos, la inversión social en las personas para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades o el refuerzo del Estado de bienestar y la protección social.
En este punto, defendió que esta estrategia busca “orientar” las políticas públicas para lograr la erradicación de la pobreza en España que, a su juicio, “no es otra cosa que la obligación de los poderes públicos de remover todos los obstáculos, todas las barreras, para el pleno ejercicio de la condición de ciudadanía”.
“En una democracia, erradicar la pobreza es eso, es garantizar la condición de ciudadanía a todas las personas que viven en nuestro país”, apostilló, para, a continuación, reiterar que la vivienda se ha convertido en un “factor de exclusión social y de pobreza para las mayorías trabajadoras en España” y que “pone en peligro nuestro contrato social”, razón por la cual, a su entender, el mercado de la vivienda “debe ser intervenido”.
Junto a ello, estimó “prioritario” la lucha contra la pobreza infantil, al entender que “no podemos consentir, asumir, ni normalizar que uno de cada tres niños y niñas en España vivan en una situación de exclusión social o de pobreza”. “No es asumible moralmente ni políticamente, pero tampoco es asumible por el coste inmenso que supone para el país”, prosiguió, para volver a defender, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, la adopción de una prestación universal por crianza “como primera prioridad”.
AMENAZAS A LA DEMOCRACIA
En relación a las “amenazas a nuestras democracias” vinculadas al “auge” de fuerzas políticas “reaccionarias” que proliferan “a lo largo y ancho del planeta”, insistió en que, según su punto de vista, la “principal amenaza a la democracia es la concentración obscena de riqueza y de poder en unas pocas manos, en manos de los ultrarricos”.
“Y, si no, basta con ver al hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, jugando al Risk con las democracias europeas y poniendo las redes sociales, la esfera pública digital, obscenamente al servicio de proyectos políticos antidemocráticos”, sentenció, al tiempo que aseveró que “no basta con escandalizarse ante esta situación”.
En este sentido, aseguró que “defender la democracia hoy pasa por confrontar ese proyecto político y por hacerlo a través de la redistribución de la renta y de la riqueza”, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España, “el 10% de la población concentra el 50% de la riqueza mientras la mitad de la población no posee apenas nada”.
“De eso hablamos cuando hablamos de pobreza, hablamos de una distribución de la riqueza que en nuestro país es profundamente desigual, es profundamente injusta y lesiva de los intereses generales del país”, agregó, consciente de que la democracia “se debe defender redistribuyendo el poder y redistribuyendo la riqueza” y de que “de eso va a erradicar la pobreza infantil”.
DEFENDER LA DEMOCRACIA
“La mejor manera de defender nuestra democracia es una prestación universal por crianza, intervenir el mercado de la vivienda, reducir la jornada laboral, mejorar las condiciones de conciliación de las familias en España, seguir incrementando los salarios y mejorar la financiación de la dependencia”, añadió, al tiempo que puntualizó que “ese es el camino para salir de las tinieblas y para defender la democracia y de eso va esta estrategia de lucha contra la pobreza”.
Por su parte, Sira Rego adelantó que su departamento será “firme aliado” para la implementación de la estrategia, que tildó de “vital”, al tiempo que urgió a “no seguir normalizando” las “imágenes” de pobreza en España, que, dijo, es un “problema estructural en nuestro país” y consecuencia de “la sucesión de decisiones políticas que no han puesto en el debate público y en el centro las necesidades de las personas más vulnerables”.
“Sin embargo, nosotras traemos propuestas para superar esta situación, por eso esta estrategia y el conjunto de medidas que se están impulsando son ambiciosas, porque tienen que serlo”, resolvió, para, a continuación, destacar la urgencia de “romper necesariamente con este ciclo de desigualdad” con medidas como el Pacto de Estado contra la pobreza infantil, por lo que pidió “un compromiso a largo plazo compartido por todas las administraciones y fuerzas políticas” para “garantizar que esta situación no repita generación tras generación”.
HOJA DE RUTA
En un comunicado posterior a la presentación de la nueva estrategia, el gabinete de Pablo Bustinduy explicó que, a pesar de que el indicador de riesgo de pobreza y exclusión social ha “mejorado en los últimos años” en España, en 2023 seguía estando cinco puntos por encima de la media europea (26,5% frente a 21,3%) y es “aún más preocupante” en el caso de la tasa de pobreza infantil, donde el porcentaje (34,5%) era casi diez puntos más que el promedio europeo (24,8 %).
Esta estrategia presenta 54 líneas de actuación generales que posteriormente serán concretadas a través de un plan operativo de ejecución y seguimiento. Este plan será elaborado cada año por el Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de los ministerios implicados e incluirá las medidas concretas a ejecutar, junto a su dotación presupuestaria, detallará las áreas de actuación y los organismos responsables o implicados y actualizará la evolución de los indicadores.
Todo ello, estructurado a partir de cuatro retos estratégicos, el primero de los cuales se centra en garantizar recursos para la ciudadanía, mediante políticas que aseguren unos ingresos mínimos a través de las rentas del trabajo y prestaciones sociales, y que favorezcan el acceso a la vivienda en condiciones de habitabilidad, ayudando a personas vulnerables a pagar el alquiler, previniendo los desahucios, ampliando herramientas contra la pobreza energética y abordando medidas para erradicar el sinhogarismo. Además, se revisará el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para aumentar las cantidades de las prestaciones y ayudas sociales, así como el número de personas beneficiarias.
En cuanto a la inversión social en las personas para transformar las situaciones de vulnerabilidad y asegurar la igualdad de oportunidades, en materia de educación se fija como meta crear nuevas plazas en educación infantil, asegurar la gratuidad en el primer ciclo para las familias objetivo, prevenir y reducir el abandono escolar para que estas niñas y niños disfruten de las mismas oportunidades que los demás.
En el plano laboral, se fomentará la contratación de personas con dificultades de acceso al empleo y se desplegarán medidas contra la discriminación laboral. Por lo que se refiere al refuerzo del Estado de bienestar y la protección social, se construirá una red de protección para garantizar los derechos sociales y facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, especialmente a las mujeres. Para ello, se impulsarán acciones en favor de las familias vulnerables, con “apoyo especial” a aquellas en las que haya personas con discapacidad.
Asimismo, se promoverá el acceso a comedores escolares saludables, a la atención infantil temprana y a los sistemas de dependencia y también al Sistema Nacional de Salud y a la atención de la salud mental.
Por lo que respecta al desarrollo de alianzas y trabajo en red, se mejorará la gestión y la coordinación de las políticas para alcanzar el mayor nivel de eficiencia, eficacia y cobertura. Por otro lado, se impulsará la cooperación territorial a todos los niveles y se fomentará la participación de todos los actores en el diseño y evaluación de los programas y de las diferentes iniciativas.
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