MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La diputada del Grupo Mixto y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendió este martes en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados una proposición no de Ley (PNL) para instar a la ilegalización de las empresas de desokupación por delito de odio -fue rechazada con 6 votos a favor y 29 en contra- y aseguró que estas organizaciones son el “brazo violento” del Partido Popular y Vox.
En su intervención en la Comisión, la diputada cargo contra la derecha “política y mediática” que ha conseguido que el 51% de los españoles consideren que la okupación sea un problema acuciante en España. También cargó contra los consejeros delegados de la gran empresa y la banca y se acordó de los medios de comunicación “comprados” que defienden “a los rentistas” y “dan pábulo a los rentistas y a las empresas de alarmas”, con una mención expresa a Ana Rosa Quintana.
“La derecha mediática señala y Desokupa ejecuta”, aseguró Belarra, quien definió a Daniel Esteve como “amigo de narcotraficantes y chófer de empresarios corruptos” y al que acusó de cometer delitos como coacciones, amenazas, hacerse pasar por policía y cortar los suministros de inquilinos de manera irregular.
Por otra parte, aseguró que si el PSOE “no toma cartas en el asunto” se va a arrepentir. “Ahora van a por los humildes, pero después irán los demócratas”, lamentó.
En la misma línea, el diputado de Sumar Alberto Ibañez denunció que “no es de recibo” que se “externalicen” los cuerpos de seguridad en “bandas de neonazis” y afirmó que la okupación es un fenómeno “tan minoritario” que la gente es capaz de ponerle rostro a las personas afectadas por este problema.
“Los independentistas venimos del futuro, nosotros ya sufrimos la derecha más reaccionaria y violenta”, aseguró la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña Etna Estells, quien pidió más medios para atajar las okupaciones delincuenciales y que ocupen vivienda habitual. “Tenemos una ley que en 48 horas soluciona estos casos pero lo que sucede es que la justicia es muy lenta”, lamentó.
EL PSOE REIVINDICA EL CÓDIGO PENAL
El PSOE, por su parte, reivindicó que mediante los artículos169 y 172 del Código Penal se puede atajar el fenómeno de coacciones por parte de las empresas de desokupación. “La Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que está en tramite parlamentario aborda este problema”, indicó el diputado socialista Víctor Camino, quien pidió al PP y Vox no seguir insuflando el “clima apocalíptico” respecto a la okupación.
Para la diputada de Junts Marta Madrenas, el fenómeno de la okupación no es el más acuciante que viven los ciudadanos, aunque existe. “En Cataluña, los datos que nos proporciona el propio Govern nos dicen que hay 2,5 okupaciones por cada mil habitantes, no es un fenómeno global pero tampoco se puede minimizar”, aseguró Madrenas, quien aseguró que aunque conoce casos de abusos por parte de las empresas de desokupación no se atreve a asegurar que todas sean nazis.
El diputado de Vox Carlos Hernández Quero destacó la “paradoja” de que la diputada de Podemos minimice la okupación al mismo tiempo que pide ilegalizar a las empresas que luchan contra este fenómeno. “Gran parte de las okupaciones no se denuncia”, denunció Quero, quien afirmó que “los primeros violentos” son los diputados de esa formación.
Asimismo, destacó que la okupación es un fenómeno que dificulta el acceso a la vivienda de todos los colectivos, incluidos aquellos potenciales inquilinos que tratan de acudir al mercado del alquiler.
Por último, el diputado del PP Daniel Pérez recordó a Belarra que la Constitución indica que es el Gobierno quien tiene la obligación de garantizar el acceso a la vivienda y no los propietarios. “Con la subida de 140.000 millones en impuestos emprendida desde que llegó Sánchez al Gobierno podrían haber construido las 600.000 viviendas que faltan”, denunció Pérez, quien acusó al Gobierno de haber causado un problema de manera “artificial”.
Asimismo, indicó que el 95% de los propietarios de vivienda son pequeños tenedores y recordó a Belarra que si Esteve hubiese cometido los delitos por lo que se le acusa se enfrentaría a 27 años de cárcel y no a los 4 a los que se enfrenta si es acusado por delito de odio.
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