MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de Baleares interpuso este martes un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y formalizó la recusación del presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez.
El recurso se formalizó a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que argumenta que la amnistía vulnera el principio de separación de poderes y vulnera “de forma flagrante” la separación de poderes, “dado que priva de efectos las sentencias” y “posibilita que las Cortes Generales puedan suplantar al Poder Judicial en sus funciones”.
Asimismo, el texto remarca que la ley de amnistía es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad que garantiza el artículo 9.3 de la Carta Magna. Reitera que no tiene cabida en el marco constitucional vigente porque vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución y del artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
“Reconoce un privilegio –la eliminación de las responsabilidades penales, administrativas y contables– a unos ciudadanos por el mero hecho de haber llevado a cabo las conductas generadoras de esta responsabilidad en una comunidad autónoma determinada”, explica el Gobierno balear.
Por tanto, prosigue el texto, se trata de “un privilegio del que no pueden disponer ni pueden aspirar el resto de ciudadanos españoles ni, obviamente, los residentes en las Baleares”.
“Como parte integrante de los poderes del Estado, los poderes públicos de las Islas Baleares deben velar por el cumplimiento de las prescripciones y el espíritu de la Constitución. Por eso, el Gobierno de las Illes Balears está legitimado para recurrir contra las leyes del Estado que no sean compatibles con los valores que expresa la Constitución”, justificaron desde el Ejecutivo autonómico.
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