MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Todos los indicadores de la violencia machista experimentaron durante el segundo trimestre de 2022 un significativo aumento con respecto al mismo periodo del año anterior.
El número de denuncias por violencia de género subió un 12,33 % al registrarse un total de 45.743, una cifra también superior a la de denuncias presentadas en el primer trimestre de 2022, cuando sumaron 41.765. El número de mujeres víctimas ascendió a 44.543, un 10,89 % más que en el mismo periodo de 2021 y un 10 % más que entre enero y marzo pasados.
El Informe anual sobre violencia de género hecho público hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge también la evolución al alza de las órdenes de protección acordadas por los órganos judiciales durante el trimestre analizado, en total 8.662, lo que supone un 8,7 % más que hace un año, así como del porcentaje de sentencias condenatorias, que alcanzó el 76,84 % del total de dictadas frente al 75,22 % registrado en el segundo trimestre de 2021.
El segundo trimestre de 2022 volvió a mostrar el efecto de las modificaciones legales introducidas en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en la adopción por los juzgados de violencia sobre la mujer de medidas civiles para proteger a los hijos e hijas de las víctimas: desde el 1 de abril hasta el 30 de junio se adoptaron por los órganos judiciales 1.193 medidas consistentes en la suspensión del régimen de visitas, un 329 % más que hace un año, cuando este tipo de medidas sumaron 278. Con respecto al primer trimestre de 2022, el aumento ha sido del 43,2 %.
Entre los meses de enero y marzo se registraron un total de 45.753 denuncias por violencia de género, un 12,33 % más que hace un año, en el que fueron 40.721. Un año más, en torno a siete de cada diez denuncias (71,19 %) fueron presentadas por las víctimas bien directamente en el juzgado bien en comisaría; las denuncias presentadas por los familiares, 808 en total, volvieron a representar un porcentaje muy bajo (1,77 %) con respecto al total de denuncias.
Durante el trimestre analizado, las denuncias presentadas por los servicios asistenciales y terceros en general experimentaron un nuevo incremento: pasaron de las 1.299 de hace un año a 1.766 y representan casi un cuatro por ciento (3,86 %) del total de presentadas.
Las denuncias por intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado (7.162) fueron el 15,66 % del total, con un leve aumento respecto al mismo trimestre del año anterior (14,55 %).
Las mujeres víctimas de violencia machista ascendieron a 44.543, cifra que representa un aumento del 10,89 % respecto al mismo periodo de 2021, durante el que se contabilizaron 40.168. El porcentaje de mujeres víctimas de nacionalidad española se mantiene constante, con leves variaciones, desde hace años. Entre abril y junio, las que tenían esta nacionalidad fueron el 65,98 % del total de víctimas del trimestre.
Estos datos se traducen en un aumento de la tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres registrada en toda España, que ha pasado de 16,6 en el segundo trimestre de 2021 a 18,4 (1,8 puntos más).
MEDIA NACIONAL
Por encima de la media nacional se situaron Murcia (28,5), Baleares (27,6), Comunidad Valenciana (24,2), Canarias (21,5), Andalucía (21,3) y Madrid (19,6). Por debajo de la tasa nacional, Cantabria (17,4), Extremadura (16,4), Castilla-La Mancha (15,6), Navarra (14,9), Asturias (14,7), Aragón (14,6), Cataluña (14,4), La Rioja (14), País Vasco y Galicia (13) y Castilla y León (11,6).
En el periodo analizado, 4.167 mujeres víctimas de violencia de género se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar, lo que equivale a algo más de nueve mujeres víctimas de cada cien (9,36). Estas cifras suponen un mínimo histórico y se sitúan por debajo de las registradas hace un año, cuando fueron 4.231 (10,53 %) las víctimas que se negaron a prestar declaración contra su agresor. La tendencia a la baja se mantiene por segundo año consecutivo tras la reforma del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada el año pasado. Del total de mujeres que se acogieron a la dispensa, 2.409 eran españolas y 1.758 eran de otras nacionalidades.
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Entre los meses de abril y junio, se incoaron por los órganos judiciales un total de 12.502 órdenes de protección. De ellas, 10.584 fueron solicitadas ante los juzgados de violencia sobre la mujer y 1.918, ante los juzgados de guardia.
Las órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia sumaron un total de 8.662, lo que equivale a siete de cada diez órdenes solicitadas (69,28 %), un porcentaje algo inferior pero muy aproximado al registrado hace un año, cuando las órdenes de protección acordadas fueron algo más de siete de cada diez del total de las incoadas.
Si se analizan por separado las órdenes de protección incoadas y acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados de guardia, se observa que los primeros dictaron 7.183 (el 67,9 % de las 10.584 que le fueron solicitadas), mientras que los juzgados de guardia acordaron 1.479 (el 77 por ciento de las 1.918 que le fueron solicitadas).
En el 48,8 % de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección al juzgado de violencia sobre la mujer. En el mismo trimestre de 2021, esa situación se mantuvo en el 48,5 % de los casos.
Dos de cada tres mujeres (el 65,6 %) que solicitaron protección eran españolas y un 1,6 % del total (tanto españolas como extranjeras) eran menores de edad. Estos porcentajes son muy similares a los del mismo trimestre del ejercicio anterior, si bien el que se refiere a las víctimas menores de edad ha experimentado un leve descenso próximo al medio punto porcentual (0,6 %).
Los juzgados acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, un total de 16.022 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), lo que supone un aumento del 6,3 % respecto al mismo periodo de 2021. Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.361), que representaron el 68,13 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.222), un 67,35%.
REGIMEN DE VISITAS
Las medidas civiles dictadas por los órganos judiciales, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal, sumaron un total de 5.411, lo que ha supuesto un aumento del 39 % con respecto al ejercicio anterior.
Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.657), que representaron el 22,23 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.251), el 16,54 % del total.
Un trimestre más, el aumento más significativo se ha dado en la medida consistente en la suspensión del régimen de visitas: de las 278 medidas de este tipo acordadas en el segundo trimestre de 2021, se ha pasado a 1.193, lo que ha supuesto un aumento del 329 %.
Este incremento es consecuencia de la aplicación por los jueces y juezas de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que modificó el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo la suspensión del régimen de visitas “cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido” con la violencia de género.
La suspensión del régimen de visitas supuso el 16,08 % de las medidas civiles adoptadas y la suspensión de la guarda y custodia (585), el 7,81 %. Esta última medida aumentó un 108,92 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron también 37 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio.
En el segundo trimestre de 2022, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) en procesos de violencia de género se situó en el 76,84 %, un punto y medio más que hace un año. El número total de sentencias dictadas durante el trimestre analizado fue de 15.359, de las cuales 11.802 fueron condenatorias y 3.557 (el 23,16 %), absolutorias.
El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo un año más en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 90,58 %, y en las audiencias provinciales, con el 79,22%. El porcentaje de condenas en los juzgados de lo penal se situó en el 66,91 %.
JUZGADOS
Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron entre abril y junio de este año un total de 1.943 juicios sobre delitos leves, casi el mismo número que hace un año, cuando este tipo de juicios sumaron 1.955. El 40 % de ellos (770) fueron de enjuiciamiento inmediato. Del total de delitos leves enjuiciados en el trimestre (2.065), el 41 % (839) fueron injurias; el 37 % (758), vejaciones injustas y el 23 % restante (468) constituyeron otro tipo de delitos leves.
Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre un total de 61.536 asuntos penales, siendo seis de cada diez delitos instruidos (el 61,4 %) lesiones y malos tratos previstos en los artículos 153 y 173 del Código Penal.
En el segundo trimestre del año, los juzgados de violencia sobre la mujer enjuiciaron a un total de 6.413 personas, de las que 6.384 eran varones y 29, mujeres. Dictaron 6.362 sentencias, de las que 5.763 fueron condenatorias y 599, absolutorias.
El número de demandas civiles presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos en estos juzgados -en su mayoría divorcios y medidas sobre guarda y custodia- ascendieron a 6.053, un 5,4 % más que en el mismo trimestre de 2021. Se mantiene un año más una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto del total de denuncias presentadas.
Los Juzgados de lo Penal, que enjuician delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, recibieron 9.030 asuntos y resolvieron 9.130. El número de sentencias dictadas por estos órganos ascendió 8.843, de las cuales fueron condenatorias 5.917 y absolutorias, 2.926.
En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, castigados con penas privativas de libertad superiores a cinco años, se dictaron 154 sentencias, de las que 122 fueron condenatorias y 32, absolutorias. El 92,12 % de las personas enjuiciadas (152) eran varones; otras 13 eran mujeres.
MENORES
En el trimestre analizado, los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia de género a 90 menores de edad, 28 más que en el ejercicio anterior. Estos órganos judiciales impusieron medidas en 80 casos (66 relativos a menores españoles y 140, a menores de otras nacionalidades).
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Ángeles Carmona, ha expresado su preocupación ante el aumento del número de víctimas. Las 44.543 mujeres víctimas del segundo trimestre de 2022, un periodo que ya no se ve afectado por las consecuencias de la pandemia, nos sitúan en cifras más altas que las que se registraron antes de la irrupción de la covid-19 (40.687 en el último trimestre de 2019 y 36.185 en el primer trimestre de 2020).
El aumento del número de víctimas conlleva un incremento de las denuncias, que también ha sido significativo al situarse en 45.743. Esta cifra es también superior a las registradas en los trimestres previos a la pandemia: en el último trimestre de 2019 se contabilizaron 42.232 denuncias y en el primero de 2020, 36.185.
Ángeles Carmona considera que la lectura de estos datos nos lleva a una doble conclusión: de un lado, constatan que la violencia de género se mantiene como un problema de primer orden en nuestro país y que ninguna de las instituciones implicadas en acabar con esta lacra debe bajar la guardia; por esta razón les insta a seguir trabajando, como lo han hecho hasta ahora, en la mejora constante de la red de protección de las mujeres y en la respuesta eficaz ante este tipo de delitos. “Las instituciones somos en muchos casos el último recurso que le queda a la víctima para salir de la situación de violencia. Es importante no cejar en el esfuerzo, seguir al lado de todas esas mujeres y de sus hijos e hijas”, afirma la presidenta del Observatorio.
Los datos son fiel reflejo de lo que ocurre en nuestros pueblos y ciudades, apunta Carmona, pero es clave entender -y esta es la segunda conclusión que el aumento de las denuncias y de las víctimas es consecuencia también de que son cada vez más las mujeres que alzan la voz cuando sufren violencia machista y deciden denunciar los hechos en comisaria o en el juzgado.
Así lo han hecho en el segundo trimestre del año el 71 por ciento de las víctimas, un porcentaje que apenas ha sufrido variaciones en los últimos ejercicios, incluido 2020, año en el que las víctimas presentaron el 71,44 % del total de denuncias pese a las mayores dificultades a las que tuvieron que enfrentarse como consecuencia del estado de alarma.
Los datos recogidos en este informe prueban de forma clara que en España las distintas administraciones implicadas en la lucha contra la violencia machista trabajan en la dirección correcta, asegura Carmona. En el segundo trimestre de 2022, los órganos judiciales dictaron un 8,7 % más órdenes de protección que en el mismo periodo de 2021, casi ocho de cada diez órdenes solicitadas.
Esta cifra, al igual que el incremento en el número total de sentencias dictadas por los órganos judiciales -15.359 en toda España, un 3,8 % más que hace un año-, pone de relieve el importante esfuerzo realizado por los jueces y juezas y, también, por todos los profesionales que participan en el proceso.
Muy significativo es, un trimestre más, el aumento de la medida civil consistente en la suspensión del régimen de visitas como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma legislativa llevada a cabo el pasado año. Se acordaron 1.193 medidas de este tipo, un 43,2 % más que en el primer trimestre de 2022 (durante el que la reforma ya estaba en vigor) y un 329 % más que en el segundo trimestre de 2021, antes de la modificación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.
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