MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la suspensión de la ejecución de la condena impuesta por el ‘caso ERE’ y pide el ingreso inmediato en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y del resto de exaltos cargos del Gobierno andaluz penados con cárcel.
El informe fiscal se opone al aplazamiento de la entrada en prisión de los condenados que habían pedido la suspensión en tanto no se resolviera la petición de indultos que el Gobierno tiene sobre la mesa y los recursos que se presentarán ante el Tribunal Constitucional.
Si el Tribunal atiende la petición de Anticorrupción ingresarían en prisión el expresidente andaluz José Antonio Griñán, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez.
La Audiencia de Sevilla había pedido al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas que se pronunciaran sobre si debe suspender o no la pena de prisión para Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía mientras se tramitan los indultos planteados.
El Tribunal Supremo confirmó el pasado julio la condena al expresidente andaluz por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a seis años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación. La sentencia inicial condenaba a 19 de los 21 ex altos cargos socialistas juzgados. Además de Griñán, que presidió la Junta entre los años 2009 y 2013, fue condenado el también expresidente Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
INDULTO
El pasado 1 de septiembre la familia del expresidente de la Junta de Andalucía presentó ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto parcial alegando “razones de humanidad y equidad”, y defendiendo “argumentos para su concesión” desde el “total respeto a las instituciones”.
La petición de indulto se formuló después de que el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo confirmara la condena a los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE).
El Supremo consideró probado que los nueve ex altos cargos del Gobierno andaluz eran conocedores del entramado irregular para la concesión de ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2009, que supusieron la malversación de 680 millones de dinero público, y constató el “descontrol” en la concesión de estas ayudas y las “gravísimas ilegalidades” que se cometieron, sin que ninguno de estos responsables hiciera nada para evitarlo.
Además, en septiembre pasado la defensa del expresidente Griñán formalizó ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad con respecto de la sentencia que desestima su recurso de casación y que está pendiente de respuesta.
Ese incidente de nulidad se refiere a una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al estar “fragmentada” la sentencia del Supremo en una primera comunicación del fallo el pasado 26 de julio, y la posterior notificación completa el pasado 14 de septiembre. Los abogados alegan que la comunicación de julio carecía de “fundamento” y que el tribunal no respondió a dos de las cuestiones formuladas por la defensa.
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