En España 353.965 personas se encuentran en lista de espera, lo que supone un 8.799 menos que en 2021
SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Un total de 3.271 gallegos están a la espera de atención a dependencia y hay 618 personas pendientes de valoración, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Con todo, Galicia es una de las seis Comunidades que se sitúa con una lista de espera por debajo del 5% y que reducen su lista respecto de 2021. En concreto, lo hace con un 4,6%.
El informe apunta que en 2022, la Comunidad gallega “no ha hecho ningún esfuerzo” por la recuperación de los niveles de atención previos a la pandemia de las plazas de atención residencial y de centros de día sigue siendo muy desigual entre unas comunidades y otras. Así, Galicia cuenta con 1.1417 plazas menos que antes de la covid-19.
De este modo, en la Comunidad por cada 100 euros de gasto público en Dependencia, en 2022 se recuperaron directamente unos 46,6 euros, la segunda más alta del Estado, tan solo por detrás de la Comunidad Valenciana.
El informe añade que la ayuda a domicilio cuenta con unas intensidades horarias medias de 45,68 horas al mes y en la Comunidad los usuarios de este servicio se sitúan en los 24.942. Así, las Prestaciones Económicas para Cuidados Familiares medias son de 158,07 euros.
DATOS ESTATALES
En el conjunto de España, un total de 353.965 personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021. Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
En concreto, hay 131.810 personas esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos se suman 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.
“El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante”, ha manifestado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.
En concreto, lo ha atribuido a tres razones, la primera, la “desidia e impericia de algunas comunidades autónomas que no están siendo ágiles” o están siendo “tan tacañas que han recortado el presupuesto” a pesar de recibir más fondos del Gobierno, mostrando una actitud “inmisericorde”.
Otro motivo es, según ha indicado, la “telaraña burocrática” que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, casi un año. Y, en tercer lugar, ha apuntado el hecho de que, del incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaran sin gastar 55 millones de euros.
Según el documento el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.
Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).
SERVICIOS CADA VEZ MÁS ‘LOW COST’
Por otro lado, los autores del estudio valoran que las prestaciones y servicios son cada año “más ‘low cost’ e insuficientes” para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así, por ejemplo, señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III).
Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 horas al mes, 57,1 horas al mes para los grandes dependientes, lo que representa dos horas y media diarias de lunes a viernes, una intensidad “claramente insuficiente”, según los autores del Observatorio.
Además, de los datos se desprende que, durante el periodo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia –19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos–. Esto supone que diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. “Un 20% de personas han fallecido esperando”, han lamentado los autores.
Por otro lado, el dictamen sostiene que, por primera vez, el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros, de los cuales, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,5%).
Del gasto público directo en dependencia en 2022, el informe precisa que la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.
Los autores del estudio destacan que el recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, ha sido de 6.321 millones de euros.
En este sentido, subrayan que el Gobierno de España “cumple” con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero “la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario”.
En concreto, denuncian que, en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas “hicieron caja” con elincremento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
De esta forma, los autores del informe indican que “solo” hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año, y avisan que, al ritmo del último año se tardarían once años en lograr la plena atención.
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