Trabaja para Airtren, que dirige Antonio Puyol, quien elaboró un peritaje para Adif aportado durante la instrucción
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)
Emilio Martín Lucas, un técnico de la unión temporal de empresas (UTE) que suministró los sistemas de seguridad para Ourense-Santiago y que después (de julio de 2020 a abril de 2022) fue nombrado vocal de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), ha admitido que “evidentemente algo falló” en esa línea, aunque solo ha apuntado al “error” del maquinista.
Martín Lucas, que ha comparecido este jueves durante el juicio del tren Alvia, ha señalado –a preguntas del abogado del maquinista procesado– que actualmente trabaja para Airtren, que dirige Antonio Puyol, quien a su vez elaboró un informe a modo de peritaje que Adif aportó en la causa.
“A nadie se nos había ocurrido que ese despiste tan grande podía suceder. Ojalá se nos hubiera ocurrido”, ha llegado a manifestar en su declaración, en la que ha advertido que “100% en seguridad no existe”.
Por su parte, ha constatado que “evidentemente algo falló” tras los riesgos evaluados en la línea en la que, en julio de 2013, descarriló un tren Alvia ocasionando 80 muertes y dejando a 145 personas heridas.
“Cuando estábamos desarrollando el ‘Asfa digital’ ese riesgo que nosotros exportábamos todos conocíamos que estaba reglamentado”, ha explicado. Por su parte, ha determinado que la causa del siniestro fue “un error humano”.
Además, interrogado por el abogado del estado, que representa a Adif, ha apuntado que cuando en su informe exportaban un riesgo “al maquinista” lo indicaban así al entender que era él o la operadora (Renfe) quienes podían mitigar ese riesgo, si bien su cliente y a quien trasladaban el documento, ha admitido, era el administrador.
Y es que la firma de este técnico figura, con fecha de noviembre de 2011, como revisor del análisis preliminar de riesgos que aportó la UTE para la línea entre Ourense y Santiago.
SU NOMBRAMIENTO, IMPUGNADO
A preguntas del abogado de la plataforma de víctimas, este técnico ha reconocido que ha sido vocal de la CIAF de julio de 2020 hasta abril de 2022. Ahora es “jubilado activo” y está “contratado por una empresa –Airtren– unas horas para asesorar en términos ferroviarios”, compañía a la que si Adif y Renfe le encargan “algún proyecto constructivo, pues los hace”.
Precisamente la plataforma de víctimas interpuso un recurso contencioso –que acaba de admitir a trámite el Tribunal Supremo– para que haya una investigación independiente del accidente, pues la CIAF solo apuntó al maquinista. Esta asociación impugnó, entre otros, el nombramiento de Martín Lucas, al denunciar que este organismo no cumple el principio de independencia que exige la ley.
“LA PERSONA TIENE QUE CUMPLIR”
En el interrogatorio del fiscal, este técnico ha indicado que un riesgo es “tolerable en principio, pero lo que se exporta es que la persona tiene que cumplir”. “Si en alguna situación se puede equivocar, entonces estamos en lo que pasó”, ha evidenciado.
De este modo, ha proseguido: “Si lo juzgamos antes, lo es (tolerable). Si lo juzgamos después, claramente no lo es”, pero ha puntualizado que “nada hacía pensar que no lo fuera”.
UNA REUNIÓN “MULTITUDINARIA”
A cuestiones sobre si se hizo dossier de seguridad por parte de la UTE del enclavamiento de Santiago –el tramo que va desde que dejaba de haber ‘ERTMS’ hasta la estación–, ha apuntado que sí, pero que no le “consta” que el evaluador independiente hiciese después un informe al respecto.
En todo caso, ha recordado una “reunión multitudinaria, con la asistencia de mucha gente, en la que se trató el tema” de si era preciso un informe independiente para ese enclavamiento.
En ella, ha ratificado, “había una controversia entre Dirección de Obra y la Dirección Corporativa de Seguridad”, pues esta última –al frente de la cual estaba Andrés Cortabitarte, el otro procesado en el juicio– afirmaba “que quería evaluador independiente”, pero la primera “no se manifestó o lo pospuso para justificarlo más adelante”. “Y ya no recuerdo más”, ha finalizado.
Por su parte, ha incidido en que no recuerda “que se concluyera nada”, si bien la UTE no tuvo “una interrelación con el ISA” para este enclavamiento.
Ya hacia el final de su comparecencia, ante las preguntas del abogado del estado sobre si, de existir, un informe del evaluador independiente (Ineco) habría implicado la adopción de medidas diferentes, ha afirmado que cree que “francamente no”.
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