Un policía nacional está “convencido” de que “hay mínimo dos personas implicadas” y los agentes que hicieron la inspección técnica dicen que la precisión de las balas “fue perfecta”
LUGO, 8 (EUROPA PRESS)
El inspector de la Policía Nacional que llevó a cabo un informe en el que analizó detalladamente el sumario del caso del crimen del Cash Record de O Ceao (Lugo) años después de los hechos, que ocurrieron en 1994, ha señalado que la “única hipótesis razonable” apuntaba al acusado, M.J.V.C., como autor de los hechos.
En esta tercera jornada del juicio por el crimen de O Ceao en la Audiencia Provincial de Lugo, en el que fueron asesinados una cajera y un reponedor, este inspector ha considerado que “existían cuatro indicios” que “acusaban claramente al procesado como autor de los hechos”.
De este modo, considera creíble la declaración de uno de los toxicómanos — ya fallecido — que, en su momento, declaró que el acusado le había ofrecido participar en el atraco, ya que “contó detalles del atraco que le tuvo que contar alguien implicado”, como que iba a haber en el establecimiento “una cajera, en femenino, y un reponedor, en masculino”.
Así, ha resaltado que el testigo no podía conocer estos detalles porque “no era cliente”. A su juicio, otro indicio que ha resaltado es que “claramente” el procesado era “una persona conocida” a la que “abrieron el portón tras verlo por la mirilla” y que además “tenía que tener un bar”.
Este inspector ha apuntado que el autor de los hechos “tiene que ser una persona con sangre fría, con manejo de armas” y ha resaltado que el acusado “cumplió condena ilícita de armas” e “intentó venderles armas a otras personas”.
Además, ha destacado que otro testigo, que fue llamado a declarar 15 años después de los hechos, confirmó haber visto un coche sospechoso con tres personas el día de los hechos. En el reconocimiento fotográfico, señaló que el acusado es “el que más se parecía” a los hombres que había visto aquel día en el polígono.
“HUBO UNA COORDINACIÓN MÍNIMA”
Esta ha sido la primera jornada en la que han declarado agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos, un agente de la Policía Nacional, que ocupó varios cargos, que ha reconocido que — estando él presente — “hubo una coordinación mínima” entre los agentes locales y los nacionales.
Este agente, que mantuvo conversaciones en la calle en diversas ocasiones con M.J.V.C., ha indicado que el acusado “siempre lo negó”, en referencia al crimen. Así, ha apuntado que el toxicómano fallecido que supuestamente incriminó al acusado “mantuvo en todas las ocasiones que le había hecho este ofrecimiento”.
Este policía, que también participó en reconstrucciones de los hechos, ha indicado que está “convencido” de que “hay mínimo dos personas implicadas” y a Esteban “una la intimidó, igual apuntándole con otra pistola”. Así, ha apuntado que “nunca se contempló que el arma pudiera tener un silenciador”.
SEÑALADO UN GUARDIA CIVIL
Por primera vez en lo que va de juicio, un guardia civil retirado de la brigada de drogas ha señalado a un excompañero — fallecido — por tenencia de armas. “Tú le daba un arma y él te la arreglaba. No sé si lo hacía con armas ilegales, pero se comentaba”, ha relatado.
Así, ha apuntado que este excompañero frecuentaba el bar del acusado, ya que “conocía el bar por alguna redada de drogas”. Sobre el acusado, este agente coincidió con él en 1993 en Foz, cuando fue arrestado por vender drogas y ha indicado que en instrucción dijo que podría haber sido el autor de este crimen, “porque le pareció alguien frío y calculador”.
LOS POLICÍAS QUE REALIZARON LA INSPECCIÓN TÉCNICA
Entre los llamados a declarar esta tercera jornada, han estado los policías locales que llevaron a cabo la inspección ténico-ocular del Cash Record tras el crimen. Estos han indicado que la precisión de las balas “fue perfecta” y que los disparos “fueron hechos a pocos metros” de distancia.
Los agentes han relatado que el primer disparo en efectuarse fue el que acabó con la vida de Elena. Así, han puntualizado que la persona que lo realizó “no debía de ser muy alta”, ya que el disparo “fue casi paralelo”.
De esto modo, han explicado que Esteban “debía estar sentado sobre unas cajas viendo la televisión” y que fue un segundo disparó hecho hacia su persona, el que lo alcanzó. Además, han indicado que no cree que hubiese alguna huella de calzado en la escena porque “se hubiese hecho constar”.
EL SUPUESTO TESTIGO DIRECTO, NIEGA HABERLO SIDO
En esta jornada, ha declarado un hombre que coincidió en prisión con el acusado y que en su día testificó que había visto a una mujer salir de un coche con M.J.V.C y el toxicómano que declaró en la jornada de este martes — uno de los que supuestamente lo incriminó — aquella tarde delante del Cash Récord.
En anteriores declaraciones, señalo que escuchó dos disparos y los vio huir, aunque este miércoles ha insistido en que “no recordaba nada” y que todo eso lo delcaró por “porque fue lo que escuchó en prisión”, pero que “nunca habló con el acusado de lo del Cash Record ni fue testigo de nada”.
Este hombre ya había sido condenado por falso testimonio por estos hechos al ser denunciado por la mujer, a la que conocía del trabajo, por acoso.
CASI TRES DÉCADAS ESPERANDO EL JUICIO
Era la noche del 30 de abril de 1994 cuando Isabel, preocupada por la tardanza en regresar a casa de su hermana Elena, se desplazó hasta el Cash Record del Polígono de O Ceao de Lugo para descubrir que tanto ella como Esteban, un reponedor, los únicos trabajadores del establecimiento a la hora del cierre, habían sido asesinados a tiros en el transcurso de un robo.
Así daba inicio uno de los casos más complejos del sistema judicial español y toda una excepción: la Audiencia de Lugo ha abierto este lunes juicio oral contra el único acusado de este crimen, una vista que se basa en el sumario judicial en abierto y en trámite más antiguo del país.
La investigación inicial, poco pudo determinar del autor o autores del crimen en su momento, salvo que el ataque se produjo en el momento del cierre del establecimiento y que las víctimas abrieron la puerta a una persona que no parecía suponer una amenaza para ellos, por lo que sus familias siempre creyeron que era alguien conocido.
Para el procesado, las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, piden 28 años de prisión por los dos homicidios y por un delito de robo con violencia, dado que se llevaron también un botín de unos cinco millones de pesetas (30.000 euros). La Fiscalía, sin embargo, no ha presentado cargos contra el procesado, pues no ve pruebas de cargo contra él.
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