SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)
El diputado del PP José Luis Ferro ha afirmado que “no hay constancia” a nivel documental de que se produjesen muertes en la isla de San Simón mientras fue cárcel y campo de concentración usado, en primer lugar, por el bando golpista en la Guerra Civil y, a continuación, por el régimen franquista.
Las palabras del diputado popular por la provincia de Ourense se produjeron en el debate de una iniciativa sobre memoria histórica llevada a la Comisión 1ª del Parlamento de Galicia por el Grupo Socialista, que ha acusado a los populares de tratar de “reescribir la historia” sobre un lugar por el que se estima que pasaron 6.000 presos mientras fue usado como colonia penitenciaria entre octubre de 1936 y marzo de 1943.
“Que nosotros tengamos constancia tampoco sabemos, a día de hoy por la documentación que existe, que hubiese muertes en la isla de San Simón, salvo abusos del director de la prisión en aquel momento, que fue pasado por el cuchillo porque trataba mal a los presos”, ha asegurado Ferro durante su intervención, en la que ha criticado la Ley de Memoria Democrática por “imponer un relato oficial que poco tiene que ver con el relato histórico”.
En todo caso, Ferro ha defendido que la Xunta “cumple” con esta normativa en vigor desde octubre de 2022 pese a que “no comparte el espíritu” con la que fue creada y que ve en la línea de un intento por parte del Gobierno central presidido por Pedro Sánchez de “dividir a los españoles” que, a su juicio, desactivó el espíritu de “concordia y convivencia” promovido por “los actores de la transición”. “Cuando vuelva ese clima podremos hablar de muchas cosas, pero hoy no se da”, ha añadido.
Además, ha afirmado que el Gobierno “no tiene constancia” a nivel “oficial” de la intención de declarar la isla de San Simón y el pazo de Meirás como espacios de memoria democrática y “tampoco sabe lo que implica” esta consideración, solicitada por colectivos memorialistas y el Ayuntamiento de Redondela en el caso del archipiélago de la ría de Vigo y que, según ha trascendido, ha sido aceptada por el Ejecutivo central.
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