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Un abogado coruñés aceptó una condena de dos años después de admitir haberse apropiado del dinero de un cliente

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A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)

Un abogado acusado de apropiarse de 3.000 euros que su cliente le abonó para el pago de una pena que se le había impuesto por un delito de lesiones ha aceptado dos años de prisión, en el juicio fijado para este martes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular al reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la pena, que el hombre aceptó tras pedir disculpas “sinceras” al perjudicado “y, en especial, a su madre”.

Inicialmente, el Ministerio Público pedía un total de seis años y 11 meses de prisión. Tras el pacto alcanzado, el condenado ha aceptado un año de prisión por delito de estafa y seis meses por cada delito de falsedad documental, en público y privado. También tendrá que pagar una indemnización a la víctima de 35.094,94.

Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito, el cliente de este abogado había sido condenado en 2011 como autor de un delito de lesiones a una pena de prisión de 21 meses y, entre otras cuestiones, a abonar una indemnización superior a 10.700 euros.

HECHOS

El abogado, y acusado en este caso, engañó al hombre y le dijo que tras haber negociado con la acusación particular, en lugar de los pagos fraccionados de 150 euros al mes, aceptaría un único pago de 3.000 euros y le perdonaría el resto.

El denunciante abonó a su letrado la citada cantidad y este confeccionó una diligencia de ordenación del Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña, “que carecía de toda autenticidad al no formar parte de la Administración de Justicia”, en la que el juzgado reconocía que el penado había abonado la cantidad y suspendía definitivamente la condena.

En 2017, el abogado presentó un documento a la víctima “con la finalidad de engañarle y a sabiendas de que podría suponer el ingreso inmediato en prisión de su propio cliente”. En dicho informe, el acusado o alguien bajo su mando simuló la firma del acreedor en la ejecutoria, donde reconocía haber recibido 3.000 euros “sin que tenga nada que reclamarle por ningún otro concepto por el referido documento”.


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