Lo vinculan con la falta de trabajadores y la gestión y Sanidade defiende los planes contra la violencia externa
A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)
Sindicatos sanitarios alertan de un aumento de las agresiones al personal que trabaja en este sector y urgen medidas. Y es que, pese a la existencia de planes para la violencia externa, sostienen que no hay una difusión adecuada entre la plantilla y que la “burocracia” dificulta la denuncia. Además, vinculan la situación con la “falta de personal” y la “gestión”.
De acuerdo con un estudio del sindicato de enfermería Satse, publicado en mayo de este año, ocho de cada diez enfermeras y enfermeros de Galicia han sido agredidos mientras desempeñaban su labor asistencial y de cuidados en un centro sanitario o sociosanitario, de los que casi la mitad lo han sido hasta en cinco ocasiones y casi un 18 por ciento en más de 10 ocasiones.
En concreto, el 79,45 por ciento de las enfermeras y enfermeros de Galicia consultados por Satse ha sufrido alguna agresión, ya sea física (empujones, retenciones involuntarias o puñetazos) o verbal (amenazas, vejaciones o insultos) en su vida laboral, sea por parte de pacientes o familiares de estos.
Según Satse, el mayor porcentaje de agredidos se ha registrado en los servicios del hospital, donde, CIG-Saúde, coincide en que se contabilizan el mayor número de agresiones. Así, de acuerdo con datos de 2021, el 39% fueron en Atención Primaria y el 61% en Atención Hospitalaria. En relación a 2020, en esta disminuyeron un 9% mientras que en Atención Primaria aumentaron en el mismo porcentaje.
UNOS 480 CASOS EN 2021
Con los datos aportados por la CIG y la Consellería de Sanidade, el año pasado hubo un total de 473 episodios de violencia de este tipo frente a los 455 de 2020. El personal afectado, según la central sindical, se situó en 498, un 1,29% del total de la plantilla. Sobre el tipo de violencia, precisan que aumentaron las agresiones verbales y descendieron las físicas.
Un 30% han sido en el último año físicas –140– y un 70% verbales –331–, a los que se suman los daños a bienes. Las primeras registraron un descenso respecto a 2020 — cuando hubo 287– y las segundas un aumento, con 168 hace dos años. Por categorías afectadas, un 18% son celadores; un 15%, personal de cuidados auxiliares de enfermería; el 14% facultativos; el 13,9% enfermeros y el 6% personal administrativo.
Desde Sanidade sostienen que “el 100% de los episodios fueron de carácter leve” y remarcan el hecho de que se trate de un porcentaje “del 0,001%”. “Teniendo en cuenta los más de 34,4 millones de actos asistenciales durante 2021”. Sobre los agresores, señala que eran personas en “estado de alteración por alcohol o drogas” o eran “pacientes psiquiátricos”.
“Siempre hubo agresiones físicas y verbales, ahora agravadas por la pandemia y el empeoramiento recurrente de las condiciones de trabajo”, expone el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, quien apunta a la falta de personal, las listas de espera o la imposibilidad de “resolver demandas en tiempo y forma”. A ello, suma una Atención Primaria “colapsada”.
El sindicato médico O’Mega alerta, por su parte, del número de casos en los centros de salud. Su secretario general, Manuel Rodríguez, explica que es “donde se producen más agresiones ya que el contacto con los pacientes es mucho más directo y hay más accesibilidad”.
“Lamentablemente, la principal causa es que el Sistema Nacional de Salud se utiliza como arma política arrojadiza, generando falsas expectativas en los usuarios porque la realidad es incapaz de satisfacer dichas expectativas”. “Faltan medios económicos y humanos”, apostilla.
LA PANDEMIA, DETONANTE
En cuanto a los efectos de pandemia, coincide en que “solo ha actuado como detonante agudo de una situación crónica generada desde hace 20 años por los distintos gobiernos, tanto autonómicos como centrales, de cualquier color o ideología, a pesar de los continuos avisos de sindicatos, sociedades científicas y colegios profesionales”.
Preguntado por los protocolos, se remite al que tiene el Sergas, pero incide en que las administraciones deben hacer cumplir sus normativas. “Que les facultan para imponer penas”, incide. “Tendrían que actuar e imponer sanciones económicas como medida ejemplarizante, hay que tener en cuenta que un 20% de las agresiones son reincidentes”, apostilla.
Al hilo de ello, recuerda que “en países de nuestro entorno la reincidencia se sanciona con la restricción de acceso a los servicios sanitarios, salvo emergencia de compromiso vital”.
Desde Satse, insisten en que por la “burocracia” muchos profesionales acaban por no denunciar y las agresiones no pasan de figurar como “accidentes laborales”. “Se facilita poco desde la administración estos trámites y faltan campañas informativas por parte de la Consellería”.
Así lo asevera Asunción Maus, representante autonómica, en referencia a los trámites posteriores a la denuncia de una agresión. A ello, vincula que sean solo “una pequeña parte” los casos que acaban en denuncia penal.
Por otra parte, remarca que “el 80% de las agresiones son a mujeres”. “Los profesionales no son culpables de la situación, están haciendo su trabajo”, indica sobre la falta de personal y “unos recortes que afectan”, aludiendo también a las listas de espera o el número de pacientes por médico. “Es un problema de gestión”, sentencia.
A su vez, el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González Moreira, advierte de que muchos de los casos son catalogados como leves “cuando existen episodios de violencia reiterada y deberían ser graves”.
DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN
También reclama la actualización de la evaluación de los riesgos según la normativa legal porque “hay sitios donde no se hace” y denuncia que “la mayoría de las veces” la formación es “a cuenta de la trabajadora”. “No hay una divulgación adecuada anterior ni formación a todo el cuadro de personal y al personal de las listas de contrataciones”.
Los colectivos consultados coinciden en demandar mejoras de gestión y de las condiciones de trabajo. Desde la CIG reclaman también un estudio sobre las “necesidades”, en referencia a la “falta de personal”.
A ello, suma la elaboración y revisión de los planes de formación y protocolos y una “educación sanitaria” entre la población. Aplicar medidas preventivas y actualización de los planes contra esta violencia son otras de las peticiones.
La Consellería apunta que todas las gerencias “cuentan con un sistema de aviso” –una aplicación, conocida como Acode– para que el profesional pueda solicitar ayuda. A ello, suman el plan para la prevención de violencia externa en cada área, pero basado en “un modelo unificado”.
“Más del 90% del personal entrevistado conoce su procedimiento”, añade. En la misma línea, señala que siguen trabajando para “mejorar las medidas ya implantadas” y que apuestan por la “información y la formación” para el manejo de “conductas desafiantes, gestión de estrés o autocuidado emocional”.
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