El Ministerio Público retiró la acusación contra otros dos hombres
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha mantenido la petición de ocho años de prisión para un hombre acusado de estafar a una mujer con la que, según la propia declaración del procesado y de la víctima, mantenía “desde hacía más de 30 años una relación totalmente familiar” y ha retirado la acusación respecto a los otros dos procesados debido a que “los indicios son insuficientes para enervar la presunción de inocencia”.
En la sesión celebrada este lunes en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde el caso ha quedado visto para sentencia, cada una de las partes ha expuesto sus conclusiones, mientras los acusados han renunciado a su derecho a ejercer la palabra.
En ella, la acusación particular ha mantenido sus peticiones de condena iniciales. Para este encausado solicita un total de 17 años de prisión; para el hombre con el que realizó la compra venta del piso, ocho años de cárcel; y tres años, para el implicado en el préstamo.
Según el Ministerio Público, el procesado utilizó la relación de amistad que mantenía con la víctima para constar como apoderado en sus cuentas y “poder disponer de su dinero”. En septiembre de 2012, apunta, la víctima otorgó “un poder general” a su favor “por la confianza que en él tenía” teniendo el acusado la “intención final” de disponer de sus bienes y patrimonio “con el único fin de hacerlo suyo”.
HECHOS
La Fiscalía sostiene que a lo largo del año 2014 el encausado fue retirando de las cuentas cantidades de entre 473 a 4.900 euros. Ese mismo año el procesado, convenció a la demandante para solicitar un préstamo de 20.000 euros en “una trama urdida para hacerse con el dinero”.
Del mismo modo, procedió a la venta de la vivienda de su propiedad “donde residía de forma habitual”, ubicada en la ciudad de A Coruña. “Es evidente que ni existió conocimiento ni consentimiento” por parte de la víctima, ha añadido la representante fiscal en sus conclusiones y ha solicitado declarar “la nulidad del escrito de compra venta”.
La defensa del acusado, por su parte, ha pedido las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño para su cliente. Al respecto, el Ministerio Fiscal ha alegado que “no es aplicable”, en el primer caso, por no haber “determinación de fechas concretas” de paralización del procedimiento que sea “imputable al juzgado”; y en el segundo, por considerar que las cantidades ingresadas por el procesado “son para tapar su ilícita actuación”.
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