Ecologistas sostienen que una rebaja del estatus planteada por la UE requiere aval científico y apuestan por una solución “entre todos”
A CORUÑA, 6 (EUROPA PRESS)
El anuncio de la Unión Europea para abordar una rebaja del estatus del lobo de “estrictamente protegido” a “protegido” genera en Galicia discrepancias entre sectores, según sean entidades agrarias o ecologistas, pese a que coinciden en la necesidad de “gestión” y programas para una “coexistencia” de esta especie con otros animales, como el caso del ganado perjudicado por sus ataques, los últimos en la zona de A Mariña lucense.
“Se debería rebajar la euforia de algunos sectores porque no deja de ser una propuesta de la Comisión que tendría que recorrer un complejo camino”, señala a Europa Press Martiño Nercellas, biólogo y miembro de Adega. Esto pasaría, entre otras cuestiones, “porque exista un aval científico”.
“Se lleva 20 años así”, apunta al recordar que la primera vez fue “en 2004” cuando la UE propuso reducir por primera vez el estatus de protección de lobo, con otra posterior en 2019, pero que no fueron “implementadas”.
Por ello, aboga por avanzar en proporcionar “soluciones reales para el lobo en su conservación y en su relación con la ganadería” y por la puesta en común de posiciones “para buscar entre todos los agentes implicados una solución en la conservación de la especie y en su convivencia con la ganadería”.
“Tenemos asumido que el lobo tiene que estar ahí, el reto es que esté ahí pero conviviendo y para eso hace falta gestión”, afirma, a su vez, Jacobo Feijóo, presidente de la Asociación Sectorial Forestal Galega, que agrupa a propietarios forestales y comunidades de montes vecinales.
“Nadie quiere perseguir al lobo”, matiza Feijóo para quien no sería viable “plantear un sistema homogéneo de protección cuando hay diferencias tan grandes entre Estados miembros”. “Galicia tiene el doble de lobos que Francia o que toda Escandinavia”, cita para apuntar que la propuesta de máximos de protección homogénea para toda la UE “era un error”.
ADAPTAR LEGISLACIÓN A CADA CASO
“Nos parece mucho más acertado que ese mínimo común se rebaje y después cada Estado miembro, sin bajar de esa línea de protección, adapte su legislación a su situación”, explica para incidir en que “tiene que haber una gestión adaptada a la realidad de cada territorio”.
Al mismo tiempo, plantea “prevención” y un “sistema de indemnizaciones que funcione”. Mientras, defiende “intervenciones puntuales de caza” después de un “dictamen de los técnicos” cuando sea necesario controlar ejemplares debido a un “comportamiento muy agresivo” hacia ganado o personas. “Es una herramienta más de gestión a la que no tenemos por qué renunciar”, sostiene.
DAÑOS
En cuanto a los daños, precisa que las cifras oficiales están “en unas 2.500 reses declaradas al año”. “El real es mucho más grande porque hay reses que mata el lobo pero no se declaran y no se solicita la ayuda, especialmente en la ganadería equina, en el caballo de monte”, apostilla.
“Las denuncias por ataque al año — en Galicia — vienen sobrepasando las mil y las manadas contempladas por encima de las 90”, señala Brais Álvarez, miembro del Sindicato Labrego Galego (SLG), que coincide en que “no todos los territorios son iguales”. “El lobo tiene que tener la mayor de las protecciones pero esta tiene que ir acorde a la realidad de cada territorio”, argumenta.
Sobre las discrepancias entre Xunta y Gobierno central, afirma que este tema “no es una pelota que se puede pasar de Santiago a Madrid como pretende la Consellería”. “El cambio del estatus propuesto por el Ministerio de aumentar la protección del lobo en el Estado español fue una excusa perfecta”, afirma al reprochar al departamento autonómico “nula gestión”.
“Desde 2013 no se estaban autorizando batidas de lobo en Galicia, es decir, la Consellería pataleaba por una prohibición que ella misma llevaba casi una década implantando de forma voluntaria, mientras hacía oídos sordos a otras medidas del nuevo plan de gestión del lobo como el lucro cesante, muy positivo para las ganaderías”.
BATIDAS
Respecto a las batidas, sostiene que deben ser “la última solución para el problema que ocasionan al ganado”. “Es necesario aumentar la cantidad de fondos dedicados a implementar medidas de protección en el ganado, a hacer estudios que permitan conocer mejor cómo protegernos del lobo y qué manadas son las que están provocando los daños”.
“Y, por supuesto, no puede ser que las ganaderías corran con las pérdidas y es necesario que la Xunta comience ya a cumplir el plan estatal donde, entre otras cosas, se habla de indemnizar el lucro cesante”.
ECOLOGISTAS DEMANDAN PROGRAMAS
Desde Adega abogan, a su vez, por centrarse en “minimizar o paliar las circunstancias que llevan a que los dictámenes científicos determinen, aquí y en Europa, que su estado de conservación no es favorable”.
“Lo que implicaría poner las energías en desarrollar programas de actuación: de investigación científica, manejo y ayuda preventiva, buena cobertura compensatoria por daños, recursos frente al furtivismo o educación ambiental”, expone Martiño Nercellas.
Esto, sostiene, “con voluntad política” frente a la “confrontación” entre Gobierno central y autonómico. “El dinero adeudado cubre todas las necesidades para desarrollar un programa de conservación y coexistencia y para poner fin a un debate cronificado”. “A Galicia desde la entrada del Lespre — listado de especies silvestres en régimen de protección especial — no se le transfirió lo correspondiente a tres ejercicios, una cifra que anda en doce millones”, precisa.
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