La polémica por la gestión del CAPD de Ourense protagoniza el pleno de la Diputación Provincial
OURENSE, 31 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha defendido que el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense “será gestionado por una entidad social, no por una empresa que gane dinero”. “No van a ser cobayas de nadie”, ha apostillado el mandatario provincial.
Así ha cerrado el debate sobre la iniciativa llevada al pleno de la Diputación ourensana los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, que reclamaba la gestión pública del centro y que, finalmente, no ha salido adelante por el ‘no’ del Partido Popular y la abstención de Democracia Ourensana.
La polémica sobre su gestión han protagonizado el primer pleno de la diputación provincial este 2025. El 1 de abril entrará en funcionamiento el nuevo edificio bajo la gestión de una entidad sin ánimo de lucro, una externalización a la que se oponen las familias que pedían una gestión pública directa.
El modelo ha sido elegido por la Consellería de Política Social, pero no es aceptado por las familias que siguen insistiendo en la necesidad de que se gestione pública y directamente, al igual que sucede en los otros centros de las provincias gallegas.
Por ello, hace escasas semanas se manifestaban ante la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Ourense pidiendo esto mismo, y en la misma línea hace poco más de un mes todos los grupos de la Diputación Provincial aprobaron de forma unánime una moción en la que solicitarían a la Xunta esta gestión pública y directa. Entre esas formaciones estaba incluida el Partido Popular, que tiene 12 de los 25 diputados ourensanos.
Sin embargo, este viernes, tanto el PSOE como el BNG han defendido una propuesta conjunta con el objetivo de que el gobierno provincial se sume a la discrepancia por el modelo de gestión externa y reitere el compromiso con un sistema de dirección público.
Ha sido así como el Partido Popular ha cambiado su parecer. Mientras que en diciembre se mostraba a favor de esa gestión, ahora ha votado en contra de la propuesta de socialistas y nacionalistas, que también han contado con la abstención de Democracia Ourensana.
Para los socialistas la situación es “una hipocresía descomunal” por parte del PP que “incumple su palabra”. “El Partido Popular actúa de boquilla y no tiene ningún peso en Santiago”, ha lamentado la diputada socialista Elvira Lama, que ha cuestionado “cómo es posible explicarle a las familias este cambio de opinión en tan solo un mes”.
“Tardan ocho años en construir el centro y ahora a la Xunta le entran las prisas para licitar la gestión indirecta, justificándose en una supuesta falta de personal, mintiéndole a la ciudadanía y engañando a las familias ya que solo en Ourense hay 169 psicólogos y 246 trabajadores sociales esperando a ser contratados”, ha reprochado Lama, rememorandole al presidente provincial, Luis Menor, que su partido, el PP, “en el mes de diciembre decía empatizar con las familias y poner a los vecinos de la provincia por encima de cualquier ideología política”.
En la misma línea se mostró el portavoz del BNG, Bernardo Varela, que lamentó “la oportunidad perdida” pese “al encomiable trabajo” que llevan a cabo las entidades sociales de apoyo a personas con discapacidad.
La defensa desde el Partido Popular la ha realizado Patricia Torres, que ha asegurado conocer la “demanda legítima y totalmente defendible” por parte de las familias, así como “su preocupación y miedos”, pero ha manifestado que en el pleno de diciembre votaban a favor de una gestión pública frente a la alternativa de una gestión empresarial privada, mientras que ahora “tras hacer una valoración de los pliegos” consideran “sinceramente que se trata de una gestión garantista”.
Además ha indicado que el pliego fija la obligación de subrogación de los trabajadores si se cambia la entidad de gestión y que “la Xunta siempre estará vigilando al igual que todos nosotros”.
“El modelo que pretenden implantar no es el que se demanda”, ha sido la manifestación de Eva Gutiérrez, portavoz de la plataforma ProCAPD, que agrupa a familiares de personas con discapacidad, y que intervino en el pleno durante uno de los turnos de la oposición para insistir en la demanda del colectivo.
“Queremos un centro público y de gestión pública directa, fue el compromiso que adquirieron con nosotros”, “cuando hablan de un nuevo modelo de gestión nos hacen pensar que nuestros hijos son cobayas de un laboratorio”, ha recriminado.
El grupo de gobierno del PP cedió su turno de palabra al presidente en Galicia del comité español de representantes de personas con discapacidad, el CERMI, un organismo que agrupa a 13 entidades sociales.
“Nuestro objetivo no es económico, sino trabajar por las personas con discapacidad y las familias. El compromiso con ellas es nuestra razón de ser, va impreso en nuestro ADN”, ha garantizado Ramón Sestayo, asegurando que “no tienen ánimo de lucro, ni accionistas ni hay dividendos que repartir, cada euro se reinvierte en los servicios”.
Entre los murmullos de las quejas de las familias afectadas y desplazadas a la sala provincial para este debate, respondió el presidente provincial para cerrar el debate. “Será un centro público, con normas públicas, gestionado por una entidad social, no por una empresa que gane dinero. No van a ser cobayas de nadie”, ha prometido Menor.
CONDENA A BALTAR
Por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas para saber si se había identificado al conductor de un vehículo de la Diputación Provincial, que recorrió a Allariz a 173 km/hora por la A-52, tan solo una hora antes del exceso de velocidad en Zamora por el que el expresidente de la Diputación Ourensana, José Manuel Baltar, ha sido condenado esta misma semana a un año y un día de privación del derecho a conducir.
La institución provincial no pudo identificar al conductor del vehículo en Allariz, lo que ha conllevado a que se triplicase la cuantía inicial de la sanción de tráfico, pasando de una multa de 400 euros a otra de 1.200 euros.
“La pregunta es si ya se ha identificado al conductor, porque casi no le daría tiempo al coche a parar y recoger a otra persona en esa hora rauda y veloz”, ha cuestionado Xosé Manuel Puga preguntando también si “se sabe a dónde se dirigía” el vehículo oficial “en domingo”.
“Podemos seguir dándole vueltas al conductor y al viaje, pero creo que hay un tema que está juzgado y una infracción administrativa terminada. No se identificó al conductor, se pagó la sanción y tema terminado. No se va a identificar ahora una vez que está terminado, no soy quien de identificar a nadie, yo respondo conforme a lo que me dicen los técnicos y ese fue el informe técnico preceptivo”, ha censurado Luis Menor.
- Te recomendamos -
