Reitera sus demandas y avisa: de no ser atendidas estaría en peligro una inversión próxima a 5.500 millones en proyectos industriales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno gallego ha evaluado en la reunión de este jueves la lista de necesidades que la Administración gallega ha vuelto a remitir al Gobierno central para solicitar que Galicia cuente con 1200 MW adicionales en la actual planificación energética y, de este modo, poder garantizar la puesta en marcha de nuevos proyectos industriales que están previstos para antes de 2026.
La actual planificación eléctrica 2021-2026 fue aprobada en marzo del año pasado y, en ella, recalca la Xunta, Galicia resultó “penalizada” con tan sólo 68 millones de euros de inversión, el 1,1% del total a nivel estatal, frente a los 308 millones (6,7 %) del periodo anterior (2015-2020).
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha recordado que Galicia ya hizo llegar en noviembre al Gobierno sus propuestas de modificación para dar cabida a todos los proyectos industriales intensivos en el uso de la energía interesados en implantarse en la Comunidad y, posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica se comprometió a iniciar, antes del próximo 31 de marzo, una modificación de la planificación vigente.
Por este motivo, Rueda ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha vuelto a dirigirse al departamento que dirige Teresa Ribera, a fin de que tenga en cuenta las demandas de la Xunta.
El Ejecutivo autonómico actualizó sus necesidades, priorizando tanto aquellas iniciativas que tienen prevista su puesta en marcha antes del año 2026 como las que ya cuentan con fondos europeos, como es el caso de las plantas de hidrógeno verde de As Pontes y Meirama.
De no ser atendida esta solicitud de 1200 MW adicionales, el Ejecutivo autonómico advierte que “estaría en peligro” una inversión próxima a los 5.500 millones de euros en proyectos industriales.
STELLANTIS Y OTROS PROYECTOS
En concreto, tras el compromiso del Gobierno central, la Xunta espera la inclusión en la planificación de la subestación Novo Vigo para Stellantis y la zona industrial de esta ciudad, una infraestructura –sostiene– “necesaria para garantizar la competitividad de la actividad futura de la planta y viabilizar el proceso de descarbonización de la factoría, así como la fabricación de nuevos modelos eléctricos”.
El listado incluye también la apertura de la línea 220kV Belesar-Mesón do Vento y la construcción de una subestación para satisfacer el consumo continuo de energía eléctrica que precisa el proyecto de Altri para instalar una planta de fibras textiles en Palas de Rei (Lugo).
Por otra parte, se solicita el refuerzo de la red de 132 kV que abastece la zona de Ferrolterra para que Forestal del Atlántico pueda poner en marcha su planta de metanol verde y oxíxeno en Mugardos.
También el área de A Coruña cuenta con varios proyectos que hacen necesario que el nudo eléctrico de Sabón tenga capacidad para abastecer toda la demanda. Se trata, en concreto, la fábrica de ánodos de grafito para baterías de Resonac (antigua Showa Denko) y las plantas de amoniaco verde de Ignis y de Fisterra Energy.
Meirama es otra de las localizaciones que precisará ampliar la subestación actual, ya que se prevén proyectos como la planta de generación de hidrógeno verde promovida por Repsol, Naturgy y Reganosa.
AS PONTES
En lo que respeta a la zona de As Pontes, inmersa al igual que Meirama en un proceso de transición energética marcado por el cierre de las centrales térmicas, se incide en la necesidad de aclarar la capacidad disponible efectiva de este nudo para ver la compatibilidad en el proceso de desmantelamiento parcial de la central con los proyectos industrias y energéticos que se quieren desarrollar, como la planta de hidrógeno verde de Reganosa con EDP Renovables o la biofábrica de Ence.
De manera paralela, ante la necesidad de evacuación para los proyectos de energías renovables, la Xunta de Galicia también solicita que los concursos de capacidad de acceso en determinados nosotros de la red se realicen lo antes posible, así como el refuerzo de aquellos de que dependen iniciativas que están en tramitación para minimizar el impacto en el territorio de las líneas eléctricas que están proyectadas.
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