Denuncian el “silencio” del gobierno local que “nunca” ha dado “explicaciones” sobre la contratación de la cuñada de Carmela Silva
VIGO, 20 (EUROPA PRESS)
Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Vigo han denunciado este jueves el “silencio” del gobierno local ante la orden judicial de ingreso en prisión para el exfuncionario condenado por ‘enchufar’ a la cuñada de Carmela Silva, y han exigido responsabilidades políticas y explicaciones.
Por parte del PP, se ha referido a esta cuestión el candidato, miembro de la lista de Marta Fernández-Tapias, Miguel Martín, que ha constatado que este caso, en el que la familiar de Silva cobró más de 100.000 euros por un trabajo que nunca realizó, “es el mayor escándalo de corrupción política registrado nunca en Galicia”.
Según ha apuntado, el gobierno de Abel Caballero asiste “impasible” a la orden de ingreso en prisión del exfuncionario condenado a más de 5 años de cárcel por esos hechos, y “sigue sin aclararle a la ciudadanía” por qué se contrató a esa persona. Además, ha recordado, el Ayuntamiento ni siquiera se personó en la causa, a pesar de que se malversó dinero público.
Asimismo, ha denunciado las “presiones” a asociaciones y entidades de la ciudad para que se adhirieran a la petición de indulto del condenado (petición que la Audiencia ha dado por desestimada, al no haber respuesta del Gobierno transcurrido más de un año). “El caso es de una gravedad máxima, y los responsables políticos no solo tienen la desfachatez de seguir callados sin dar explicaciones, sino que han presionado hasta el último momento para que le concediesen el indulto”, ha apostillado, y ha añadido: “¿Es que alguien se cree a estas alturas que este funcionario contrató a la cuñada de la teniente de alcalde y presidenta de la Diputación sin una orden previa?”. MAREA DE VIGO Y BNG
Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, ha señalado que los motivos que esgrimía el condenado para acceder al indulto eran “imposibles”. Del mismo modo, ha subrayado que es “absolutamente denunciable” que representantes de varias asociaciones de la ciudad, algunos sin el conocimimento del resto de miembros de sus entidades, hubieran firmado la adhesión a la solicitud de indulto.
Al respecto, ha reclamado “responsabilidades políticas” a quien “intentó mover ese indulto” y también “sociales” a los presidentes de los colectivos que firmaron ese documento “infame” con “argumentos partidistas”.
Por otra parte, Pérez Correa ha advertido de que, pese al proceso judicial, no se han dirimido esas responsabilidades, ni se han querido tomar medidas por parte del gobierno local para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento en lo que respecta al papel de ciertos altos funcionarios, que favorecen contratos “a dedo, de manera discrecional”. “Que caiga todo el peso de la ley sobre los que delinquen de esta manera, pero también sobre los que son instigadores”, ha concluido.
Finalmente, el concejal del BNG en el consistorio olívico, Xabier Pérez Igrexas, también ha lamentado que el gobierno local socialista “no ha dado ninguna explicación a la ciudad sobre el mayor caso de corrupción de la historia del Ayuntamiento”, que supuso el “robo de 108.000 euros de dinero público” para contratar a una familiar directa de Silva.
Para el edil nacionalista, el “silencio” del gobierno municipal es “intolerable en términos de higiene democrática”, como también lo es “la negativa del PSOE a condenar este caso”. “Es claro y evidente que las clamorosas relaciones personales que envuelven el caso no fueron casualidad”, ha señalado, y ha insistido en la necesidad de “conocer toda la verdad, que no se pudo sustanciar en la sentencia” (en alusión al hecho de que el exfuncionario condenado nunca reveló por qué contrató a esa persona en concreto y si había recibido alguna indicación para hacerlo).
Pérez Igrexas ha urgido medidas en el Ayuntamiento “para evitar que algo así pueda volver a suceder”, y ha subrayado que “es fundamental” dotar al Ayuntamiento de una Oficina Anticorrupción con total autonomía, además de constituir la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que no ha sido constituida.
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