SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)
El Comité de cumplimiento de la Convención de Aarhus ha dado este martes audiencia a la asociación ecologista Verdegaia con el fin de estudiar si admite una nueva queja contra el Estado español, en este caso, por el acceso a la justicia con respecto a la mina de San Finx.
En la sesión que ha tenido lugar en la mañana de este martes, la entidad ecologista expuso los inconvenientes que, a su entender, ha tenido para denunciar ante la justicia la autorización de la mina, “sin los informes previos” de evaluación de impacto ambiental. La queja ante este organismo dependiente de la ONU se interpuso en 2022 y el próximo viernes se dará a conocer si se admite para ‘instruirla’.
Es la segunda demanda relativa a esta actividad minera, que se suma a otra en la que también está la mina de Varilongo y que en este caso se inició en 2017 por supuesta vulneración de participación en el proceso, por la ausencia de la evaluación de impacto ambiental.
En esta queja iniciada en 2017, la causa ya ha recorrido todos los pasos previos e iba a ser analizada para su dictamen final esta semana por este mismo comité dependiente de la ONU, pero la Xunta –que es la que tiene las competencias ambientales, aunque la queja se presenta contra el Estado, por ser este el miembro de la ONU– pidió retrasarlo hasta el mes de junio y por tanto será el día 15.
PETICIÓN DE FIANZA
En cuando al caso de incumplimiento de Aarhus que denuncia la entidad ecologista por el acceso a la justicia, Verdegaia denunció que los plazos de la justicia fueron dilatados y se les llegó a imponer una fianza de 3.000 euros, la cual les supuso la “expulsión” del procedimiento por no poder hacer frente a ese requisito.
A propósito de la fianza, el representante del Gobierno central ante la ONU, miembro del Ministerio para la Transición Ecológica, pidió este martes en la audiencia dejar fuera la cuestión de la fianza. Así, defendió que se trató de una alegación que se incorporó con posterioridad al inicio de la queja y rechazó la falta de acceso a la justicia.
Precisamente por la cuestión económica fue cuestionada Verdegaia en el turno de preguntas de esta audiencia, al ser preguntada por qué suponía un obstáculo. El representante de la entidad indicó que estaba “fuera de todas sus posibilidades” y, además, era la primera vez que se le solicitaba una cantidad de este alcance.
QUEJA PRESENTADA
La queja en este caso tiene que ver con las autorizaciones de la mina de San Finx, por las que llegó a ser llamado a declarar el ex director xeral de Enerxía e Minas de la Xunta en legislaturas anteriores (bajo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo), en relación a que se habría “prescindido” de la evaluación de impacto ambiental.
Verdegaia denunció que “primero le denegaron la asistencia jurídica gratuita” y, posteriormente, se le impuso una fianza de 3.000 euros “para poder continuar como acusación popular contra el ex director xeral de Enerxía e Minas” y otros funcionarios de la Xunta.
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