Las defensas sostienen que no hay “ni una sola prueba” de la prevaricación o del cobro de ‘mordidas’
VIGO, 30 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía mantiene que el contrato de recogida de la basura de Nigrán, cuya adjudicación se aprobó en pleno en 2004, fue “amañado” a cambio de dádivas de la empresa Cespa y que tanto el entonces alcalde, Alfredo R.M., como dos concejales, Avelino F.A. y Antonio F.C., así como otros 5 acusados, participaron en esos hechos delictivos.
Así lo ha trasladado este martes la representante del Ministerio Público, en la última sesión del juicio que se celebra contra estos 8 acusados de los delitos de prevaricación administrativa y cohecho.
La Fiscal ha defendido que la adjudicación de ese contrato estaba “amañada” y que “las autoridades sabían de forma anticipada” que Cespa sería la ganadora del proceso de licitación, a cambio de “ventajas económicas” para el alcalde, dos concejales y varios particulares.
Según su informe finalm “el delito empezó a organizarse” cuando el alcalde presentó un pliego, cuyo origen no se ha aclarado, y del que no consta contrato, expediente ni factura en el Ayuntamiento. También ha aludido a otras irregularidades, como la ausencia de estudio económico en la oferta de Cespa, y que la licitación se resolvió a un precio “un 52 % mayor que el que había en la época en que se hizo el anterior contrato, con FCC”.
Por otra parte, ha señalado que tanto Avelino F.A. como Antonio F.C. “movilizaron” a los miembros de su partido, el PINN, para que apoyasen la adjudicación a Cespa, y que el alcalde contrató a una consultora externa “de su confianza” para que hiciera la valoración de las ofertas beneficiando a esa empresa.
También ha mantenido que la adjudicataria alquiló unos locales a varios de los acusados, a pesar de que no eran los previstos en su oferta, y que lo hizo pagando “sobreprecios”. Finalmente, ha reiterado que los políticos cobraron dinero de Cespa cambio de esa adjudicación, tras haberse detectado ciertas cantidades en sus cuentas cuyo origen no ha sido acreditado.
“NI UNA SOLA PRUEBA”
Mientras, todos los abogados de la defensa han pedido la libre absolución de sus patrocinados, y han proclamado que no hay “no una sola prueba” de que han cometido los delitos que se les atribuyen y, como mucho, pudieron participar en “irregularidades, que no ilegalidades, administrativas”.
El abogado de Alfredo R.M. ha incidido en que la investigación se abrió en base a denuncia anónima “falsa” y que nada acredita la comisión de delitos. Así, ha subrayado que el pliego para esta licitación fue informado favorablemente por el secretario y el interventor municipal, y que el expediente no se guardó en el despacho del regidor, sino en una dependencia “ajena”.
Asimismo, ha justificado la transferencia de más de 100.000 euros a una cuenta del exalcalde, porque provenía “de sus actividades profesionales”, y ha proclamado que “no hay el más mínimo indicio” de que fuera un pago de Cespa.
En la misma línea se han pronunciado los representantes del resto de acusados, como el de Avelino F.A., que ha recordado que este exalcalde y exconcejal del PINN ni siquiera participó en los plenos ni en la tramitación del contrato, y que “no tenía capacidad de influir” en la posición de su partido ya que, de hecho, “el PP y el PINN eran lo mismo desde el principio”. “Él ya estaba apartado de la política, en el PP lo querían fuera”, ha añadido.
El letrado de Antonio F.C. incluso ha llegado ha apuntar que las acusaciones de la Fiscalía se apoyan en la “especulación”, y en “conjeturas basadas en equívocos”, y ha proclamado que “el procedimiento de contratación administrativa fue irreprochable”.
También el abogado del entonces delegado territorial de Cespa, Jorge G.D., ha aludido a la falta de argumentos, y ha señalado que no hay “ni una prueba que vincule (a su defendido) con actos previos o posteriores” encaminados a amañar ningún contrato, ni pruebas de que se hubiera concertado con el alcaldo o hubiera entregado dinero a nadie.
ACUSACIÓN PÚBLICA
Según el escrito de acusación pública, el entonces regidor de Nigrán, Alfredo R.M., se concertó con el líder del partido independiente PINN, Avelino F.A.(y exalcalde del municipio), y con un concejal de esta formación, Antonio F.C., para ‘amañar’ la adjudicación del contrato de la basura.
Para ello, el alcalde sacó a concurso el servicio y él mismo se encargó de tramitar el pliego de condiciones. Asimismo, contrató a una consultora externa para que elaborase un informe que favoreciera la adjudicación a Cespa.
El regidor contó con el apoyo de los dos concejales, así como de dos funcionarios, un ingeniero municipal y un consultor para llevar a cabo su propósito y, finalmente, el contrato se adjudicó a esta empresa.
La Fiscalía sostiene que, a cambio, la concesionaria abonó al alcalde 102.173,35 euros; otros 88.206,71 euros al líder del PINN; y 7.409 euros a Antonio F.C. Además, Cespa alquiló varios locales de los que eran copropietarios la mujer de Antonio F.C. y dos funcionarios, y otro local propiedad de Avelino F.A., por unas rentas anuales “desproporcionadas”.
Por estos hechos, el Ministerio Público considera a los principales encausados autores de los delitos de prevaricación y cohecho, mientras que el resto son acusados como cooperadores necesarios o cómplices. Además, señala que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Así, pide para Alfredo R.M. un año de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 50.000 euros; la misma pena solicita para el que era delegado de Cespa, Jorge G.D.; para Avelino F.A. solicita un año de prisión y 5 años de inhabilitación, y multa de 3.000 euros; y para Antonio F.C., un año de prisión, 10 años de inhabilitación y 4.000 euros de multa.
Para el ingeniero de la consultora contratada por el Ayuntamiento pide 5 años de inhabilitación, y para la mujer de Antonio F.C. pide un año de cárcel, 5 de inhabilitación y multa de 3.000 euros, así como penas de multa para los dos exfuncionarios.
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