El dirigente ourensano seguirá a la espera de un fallo judicial que puede resultar clave para su futuro político
ZAMORA / OURENSE, 31 (EUROPA PRESS)
El juicio previsto para este 31 de mayo al que tenía que enfrentarse el presidente provincial del PP y de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, se ha suspendido por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Por el momento, según estas mismas fuentes, no se ha señalado ninguna otra fecha para dicho juicio, por lo que el dirigente ourensano seguirá pendiente de un fallo judicial que puede resultar clave para su futuro político. Y es que Baltar, aunque el PP posee 12 de los 13 diputados que suman la mayoría absoluta en la Diputación, no tiene ‘atada’ la mayoría absoluta, lo que debilita su liderazgo.
De hecho, este mismo miércoles ha trascendido que la Ejecutiva provincial del PSOE de Ourense ha abogado por negociar con el líder de Democracia Ourensana y alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para, precisamente, apartar a Baltar. Aunque la dirección del PSdeG, en principio, ha trasladado que no es proclive a ello, el escenario político está abierto.
Baltar estaba citado este miércoles en el Juzgado de lo Penal de Zamora para responder por supuesto delito contra la seguridad vial a raíz de unos hechos que se remontan al pasado domingo 23 de abril, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación.
El dirigente popular no ha llegado a desplazarse al juzgado, adónde sí acudieron su abogado y los agentes que se encargaron del atestado. Su abogado ha recalcado su “evidente disposición” a colaborar con la Justicia y fuentes del entorno del ourensano aseguran que estaba en Zamora, aunque no llegó a ir a la sede judicial. La comparecencia podía ser presencial o telemática.
A la puerta de juzgado, en declaraciones a los medios, Montero se ha reafirmado en la tesis de que su defendido ya asumió la multa administrativa y ha puesto el foco en supuestas “irregularidades” en el proceso, como la “alteración” de informes por parte de la Guardia Civil, hasta el documento definitivo que dio pie al procedimiento penal. El quid de la cuestión estaría en el margen de error del radar que cazó al también líder provincial del PP ourensano.
En un primer momento, a Baltar se le notificó una infracción administrativa por exceso de velocidad, por lo que asumió la pérdida de seis puntos del carné de conducir y una multa de 600 euros, que se vio reducida a 300 por pronto pago. Sin embargo, posteriormente, al tratarse de un cinemómetro ubicado de forma temporal en un punto fijo, el margen de error se habría reducido del 7% al 5%, lo que justificaría un procedimiento penal.
IDAS Y VENIDAS JUDICIALES
Después de trascender los hechos, y tras un primer aplazamiento por incomparecencia de su abogado, hubo una primera vista en Puebla de Sanabria, el 11 de mayo, pero no hubo sentencia de conformidad ante el rechazo de Baltar a asumir la pena que pedía Fiscalía: la retirada del carné durante un año; y una condena de seis meses de multa a razón de 10 euros diarios –1.800 euros–.
Además de evitar la ‘foto’ en el juzgado, ya que entonces declaró de forma telemática, Baltar sorteó una condena y su defensa avanzó que veía vías para recurrir y evitar el juicio. Finalmente, no han prosperado, y estaba citado este miércoles, aunque de nuevo ha sido suspendido.
POLÉMICA INCREMENTADA EN LA CAMPAÑA
Al margen de este caso, en lo que respecta a su propia situación, durante la campaña electoral se hizo público que el vehículo oficial que conducía cuando fue interceptado en Asturianos a 215 km/h, había sido detectado por otro radar poco tiempo antes en esa misma jornada, a la altura de la localidad ourensana de Allariz.
Y otras cuestiones que han recrudecido la polémica en torno a Baltar salieron a las puertas del 28M: la SER difundió tres nuevas multas de un vehículo oficial de la institución y que la mujer y la hija, respectivamente, del ex jefe del parque móvil habrían sido identificadas como las conductoras en dos de los casos. La Diputación salió al paso con un comunicado en el que trasladaba que el antiguo responsable de la flota oficial de vehículos, ahora jubilado, había asumido su “mala praxis”.
Además, ‘Público’ reveló unos audios en los que un hombre, que según el diario es el hermano de Baltar, aludiría a supuestos pagos de comisiones por parte de empresas a cambio de la adjudicación de contratos por parte de la institución provincial.
APOYO EN PÚBLICO DE LAS CÚPULAS
Pese a la polémica, tanto la dirección estatal del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, como la autonómica, con Alfonso Rueda a la cabeza, han mantenido su respaldo en público al dirigente ourensano.
Rueda no escatimó su presencia en la provincia durante la campaña, y las últimas declaraciones en ‘on’ de un miembro de Génova llegaron de la mano del coordinador nacional, Elías Bendodo, quien en otra reciente visita a Galicia defendió que los políticos “son un reflejo de la sociedad” y no “de otro planeta”.
La postura oficial se limita a poner el foco en el fallo judicial. Es ahí donde Rueda siempre ha incidido en que Baltar tendrá que “asumir las consecuencias”, lo que refuerza la idea de que la resolución del exceso de velocidad, cuando llegue, será clave también para el futuro político del ourensano.
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