SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)
La Cámara gallega ha aprobado por unanimidad una moción a través de la que se emplaza a la Xunta a informar a los grupos de los expedientes sancionadores incoados a las empresas concesionarias del servicio de transporte por carretera entre 2021 y 2023, así como de los contratos del Plan de Transporte Público.
La iniciativa ha sido defendida en el pleno por el diputado del BNG Paulo Ríos, quien aceptó que el texto incluyese una enmienda del PPdeG a través de la que el Grupo mayoritario aceptaba dar la documentación solicitada relativa a las ofertas ganadoras de los contratos pero siempre que “no fuese declarada confidencial”.
El parlamentario del BNG ha iniciado su intervención asegurando que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, “no fue capaz de responder a la única pregunta” que él mismo le hizo en la interpelación de la que emana esta moción y explicar el motivo por el que la Xunta “no quiere entregar los datos que se piden” sobre las concesionarias del transporte por carretera.
El diputado nacionalista ha afeado al PP que no responda a sus preguntas en lo que ha calificado de una muestra de que “este Parlamento les sobra por completo” y ha asegurado que se estaba creando en el transporte escolar una alerta con las inspecciones que la Xunta “abdicó” en una empresa privada “privatizando todo lo que tiene que ver con el control” del transporte público por carretera.
Así las cosas y tras afear que a lo largo el PP rechazase en anteriores ocasiones dar esta información, ha sostenido que el PP “rectifica ahora su posición totalmente antidemocrática y opaca” pero introduce un “matiz” al introducir la “cuestión de la cofidencialidad” en lo que tiene que ver con la documentación de las ofertas de las empresas ganadoras en los procesos contractuales de este servicio.
Dicho esto, si bien ha asegurado entender que estos datos puedan ser confidenciales para salvaguardar los intereses de esa empresa en relación a otras empresas competidoras, ha subrayado que los grupos de la oposición “no son una empresa interesada” sino “representantes del pueblo gallego con derechos y con deberes, fundamentalmente, de fiscalizar a su acción política y de controlar a su acción política”.
POSTURA DEL PPDEG
Por su parte, el encargado de defender la postura y la enmienda de los populares ha sido el diputado Gonzalo Trenor, quien ha replicado al BNG que su grupo tiene el “máximo respeto” a la Cámara gallega y ha asegurado que cuando la oposición tiene la mayoría de la mesa “pasa el rodillo”.
Además, ha puesto en valor el Plan de Transporte Público de Galicia al asegurar que cuenta con casi 3.600 líneas que atienden a más de 58.000 paradas a través de más de 2,3 millones de servicios al año, que recorren más de 58 millones de kilómetros.
“Gracias a este plan estamos mejor conectados que nunca por una red de autobús interurbano que se adapta a las necesidades de la ciudadanía”, ha defendido para señalar que el plan actual “supuso la revisión completa del mapa de líneas e introducir soluciones para la máxima cobertura de autobús”.
Dicho esto y en relación a la información, ha explicado que si el BNG apoya su enmienda “técnica” el PPdeG estaba dispuesto a aprobar la moción. “Entendemos que de esa forma usted dejará de hacer insinuaciones y dejará de insinuar ciertas cosas que después de no se plasman”, ha afirmado.
Por su parte, en un debate en el que el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, rechazó hacer uso de la palabra, el parlamentario del PSdeG Carlos López Font ha sostenido que el debate tiene que ver con un concepto que “choca frontalmente con la práctica política del PP”, como es “la transparencia” y el “respeto por las normas democráticas”.
Además, ha sostenido que afirmar que el PP presenta una “enmienda técnica” supone “una burla” completa y ha advertido de se trata de una “trampa”.
El parlamentario socialista, que ha incidido en diversos problemas que presenta el servicio en Galicia, ha defendido la necesidad de conocer la información reclamada por la iniciativa. “No conocer los datos que se solicitan impide hacer una radiografía del funcionamiento del servicio público”, ha dicho.
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