VIGO, 20 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la empresa Nexia contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rechazaba las pretensiones de la compañía de cobrar hasta 13 facturas que sumaban 352.000 euros, que tenían que ser abonadas por parte del Ayuntamiento.
En dicho fallo, el TSXG declaraba que no había quedado acreditada la veracidad de estas facturas ni que el precio marcado se correspondiese al del mercado para la limpieza y el rozado de viales supuestamente contratado a la compañía por el Ayuntamiento.
En un comunicado, el gobierno local ha celebrado esta resolución del Supremo ya que, además, “le da la razón” al actual alcalde, Alejandro Lorenzo, al considerar que sí tiene lugar su recurso interpuesto cuando era concejal del municipio.
HECHOS
Tal como explica el Ayuntamiento, la empresa Nexia reclamó en el año 2018 el pago de facturas por un importe de unos 352.000 euros, ya conformadas y en proceso de pago por parte del gobierno local. Sin embargo, siendo todavia concejal de la oposición el actual regidor decidió personarse como codemandante y llevar el caso hasta el final.
“Ahora la justicia le da la razón al alcalde. Ninguna de las facturas era legítima, ya que no existía contrato alguno que amparase esos pagos, además de que los pagos no estaban debidamente justificados en base al mercado, ni justificada su veracidad”, ha añadido.
A pesar de que tanto la empresa como el gobierno local en aquel momento “argumentaron que un concejal no tenía derecho a personarse en la causa”, Lorenzo decidió defender su legitimidad para insistir en la “improcedencia” de esos pagos, con una “inactividad” por parte del Ayuntamiento.
“Ahora la justicia le otorgó la razón por partida doble. No solo reconoció su derecho a personarse como codemandante, sino que también determinó, después de examinar las pruebas existentes, que no procedía el pago de las facturas”, ha añadido el Ayuntamiento, insistiendo en que “no existía el contrato” y no se había acreditado la veracidad de los trabajos realizados. “Además, los precios no eran acordes al mercado”, ha sentenciado.
Esta sentencia, según subraya el Ayuntamiento, “no solo evitó el pago indebido de 352.000 euros, sino que fue clave para la devolución de casi 2,5 millones de euros en facturas que el anterior gobierno (del PSOE) pretendía pagar sin garantías”.
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