El Grupo Popular da por cerrada esta “comisión de la difamación” y reta a la oposición a llevar sus denuncias a los tribunales
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)
La comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta ha concluido este viernes sin sorpresas. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para aprobar en solitario un dictamen que resuelve que no hubo “ni una sola tacha de legalidad” en la contratación menor y de emergencias realizada por el Gobierno gallego en pandemia, ni tampoco en el modelo de concesión empleado para el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Toda la oposición –BNG, PSdeG y el diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana– ha votado en contra del proyecto de las conclusiones que elaboró y autoenmendó el Grupo Popular.
En esta última sesión, nacionalistas y socialistas han empleado las palabras “burla” y “paripé”, tanto por “las formas” con las que se desarrolló la comisión en sus dos meses de vida, desde su primera reunión, como por el contenido del dictamen.
“Ni el NO-DO de Franco se ha atrevido a tanta falsedad en sus afirmaciones”, ha espetado la diputada del BNG Montse Prado, sobre ese documento que ha vuelto a tachar de “panfleto”. Elena Espinosa (PSdeG), por su parte, ha ironizado con que el texto se tenían que haber aprobado este sábado, 28 de diciembre, porque es “digno de los Santos Inocentes”.
Desde el PP, Roberto Rodríguez ha asegurado que los nacionalistas “se arrepienten” de haber impulsado este órgano en el que “buscaban fotos, no hechos”. Así, ha retado a la oposición a denunciar ante la justicia esas supuestas irregularidades en la contratación.
Se ha votado cinco veces en la comisión. Tres de ellas eran enmiendas del PSdeG –una proponía un dictamen alternativo– que han contado con el apoyo del BNG. Las otras dos votaciones han sido sobre la autoenmienda del PP –presentada el pasado fin de semana y que profundizaba en las ideas del borrador inicial– y ya el texto final. Ojea (Democracia Ourensana) ha declinado intervenir y se ha abstenido en todas las enmiendas, si bien ha votado en contra del propio dictamen.
Una vez aprobado, el siguiente paso será la apertura de un plazo de dos días hábiles –hasta las 13.00 horas del martes, 31 de diciembre– para que se puedan presentar votos particulares. Tanto BNG como PSdeG ya han confirmado que lo harán.
Junto con el dictamen, estos votos particulares serán elevados al pleno del Parlamento para su debate y aprobación definitiva, cuando se reanude el período de sesiones en enero.
Cabe recordar que está pendiente de resolución un recurso de amparo presentado por el BNG ante el Tribunal Constitucional, por supuesta “vulneración” de los derechos de sus diputados.
LA OPOSICIÓN VE “FALSEDADES”
La oposición se ha centrado en criticar las “falsedades” que incluye el documento elaborado por el PP. Con respecto al Álvaro Cunqueiro, han insistido en que “sí había alternativa” pública porque la Xunta del bipartito presidido por Emilio Pérez Touriño se había decantado por hacerlo a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI); y en que la comparecencia del conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, “confirmó” el “sobrecoste” de 470 millones de euros por el modelo concesional elegido para su construcción.
Por otro lado, nacionalistas y socialistas han puesto el foco en que el PP “no quiere transparencia” sobre las adjudicaciones a empresas vinculadas a altos cargos de la Xunta y del PP, entre ellas Eulen, donde es directora para el Noroeste la hermana de Alberto Núñez Feijóo.
Por parte del BNG ha intervenido Montse Prado, pese a que sí ha acudido a la comisión su líder, Ana Pontón. La diputada nacionalista ha querido reivindicar “el acierto” de que su grupo crease este órgano “haciendo valer los casi 500.000 votos de los gallegos” y los 25 diputados que consiguieron en las elecciones de febrero.
Y es que el Reglamento de la Cámara permite que, con esa cifra exacta de escaños, se pueda crear una comisión de investigación una vez por legislatura. De tal modo, el Bloque ya no podría impulsar otra.
“Pese a los intentos de atranco del PP, lo que la comisión arroja es que hubo un auténtico asalto del neoliberalismo a los servicios públicos con un claro objetivo de saquear los presupuestos públicos para engordar las cuentas de resultados de las grandes empresas”, ha aseverado Prado.
La diputada nacionalista considera que las conclusiones elaboradas por el Grupo Popular “es un panfleto partidista, lleno de falsedades, de opiniones infundadas y de interpretaciones interesadas”. “Ni el NO-DO de Franco se ha atrevido a tanta falsedad en sus afirmaciones”, ha zanjado.
“PATRÓN REPETIDO” DE “FAVORITISMOS”
Desde el PSdeG, Elena Espinosa ha vuelto a denunciar que con empresas como Eulen se produjo un “patrón repetido” de “favoritismos” hacia empresas de familiares de cargos del Gobierno gallego y del PP”. Así, ha lamentado que la comisión “apenas pudo avanzar nada” sobre este asunto por el “veto” a comparecientes como Feijóo y personas de su entorno.
“Todavía existen aspectos turbios que merecen ser investigados”, ha añadido la socialista, para posteriormente advertir que su grupo no se va a quedar “de brazos cruzados”.
En este sentido, Espinosa ha propuesto la creación de una nueva comisión de investigación en la que las decisiones se adopten “por dos tercios”. Si no, ha agregado, “siempre queda estimar la posibilidad” de acudir a los tribunales.
EL PP RETA A ACUDIR A LOS JUZGADOS
El guante lo ha recogido el diputado del PP Roberto Rodríguez, quien ha retado a la oposición a acudir a los tribunales. “No al notario”, ha bromeado, antes de advertirles que eso no garantiza “que les vayan a dar la razón”.
El parlamentario popular, que se encargó de elaborar el proyecto de dictamen, ha ratificado el fracaso del BNG, que buscó con esta comisión “apuntalar” el liderazgo de Pontón, que “sale peor de lo que entró”; y del PSdeG, que buscaba respaldar “al Gobierno del número uno” ante casos de corrupción como el de Koldo García.
Pero las críticas de Rodríguez se han centrado especialmente en el Bloque: “La única pregunta que queda sin responder en esta comisión es si son ustedes, todos, capaces de garantizar y reafirmar que en su entorno personal o familiar no hay adjudicaciones en administraciones que ustedes gobiernan o apoyan al gobierno”.
De hecho, el dictamen aprobado este viernes asegura que el BNG “cambió de criterio y de discurso” después de que esta pregunta fuese formulada hacia Pontón, primero por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una sesión de control en el pleno.
“Esta comisión fue, primero, de la difamación. Luego, del experimento. Y acabó siendo la del espejo ante el que ustedes han quedado desnudos”, ha espetado el diputado del PP, quien ha concluido con un “próspero 2025” y un deseo de que “algunos en concreto” tengan “más suerte” el próximo año.
CONCLUSIONES
“Ni una sola tacha de legalidad”. Esta frase resume el dictamen aprobado este viernes que también recalca que “no existió sobrecoste” de 470 millones de euros en la construcción del hospital vigués, sino que esa cuantía que estima el Consello de Contas se refiere a si se hubiese licitado de forma separada la obra de los servicios.
Asimismo, las conclusiones señalan que la “única alternativa viable” para construir el hospital era la colaboración público-privada porque la vía de la SPI “exigiría la renuncia de la administración a ejecución del gasto corriente o de otras inversiones”.
Asimismo, sobre los contratos menores y de emergencia, el dictamen zanja que se tramitaron “cumpliendo todo el procedimiento que está previsto en la normativa y, en particular, sometiendo los expedientes de contratación a todos los controles internos exigidos y exigibles”.
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