La Cámara exige al Estado la cofinanciación del 50% de la dependencia con el único voto ‘no’ del PSdeG, que critica la gestión de la Xunta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Galicia ha aprobado este jueves una nueva iniciativa del PP para instar al Gobierno central a adoptar una serie de medidas que la Xunta lleva tiempo reclamando ante la falta de profesionales médicos en el Servizo Galego de Saúde (Sergas).
Los populares han hecho valer su mayoría absoluta para propiciar que la Comisión 5ª, de Sanidade, Política Social e Emprego aprobase esta proposición no de ley que constaba de siete puntos que se han votado por separado a instancia del BNG y el PSdeG. De este modo, cada uno de los puntos ha contado con, al menos, el apoyo de un grupo de la oposición.
En concreto, por unanimidad ha salido eliminar la tasa de reposición, “al menos” en categorías deficitarias; agilizar la incorporación de nuevas plazas de formación sanitaria especializada; y acelerar la creación de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias.
Además, solo el PSdeG ha votado en contra –el resto lo han apoyado– de agilizar la homologación de títulos de profesionales sanitarios extranjeros y de modificar el sistema de elección de plazas MIR para evitar vacantes. En cambio, para reclamar que se flexibilicen los criterios por los cuales los centros de salud pueden formar residentes, el ‘no’ lo ha dado únicamente el BNG.
En cuanto al punto que pedía elevar hasta los 72 años la edad máxima de jubilación de los médicos, solo lo han apoyado PP y DO, toda vez que socialistas y nacionalistas han votado ‘no’.
“COMPETENCIAS DEL GOBIERNO”
Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz sanitaria del Grupo Popular, Encarna Amigo, ha asegurado que la falta de médicos es “el principal problema” que sufre en este momento Galicia y España, y ha aseverado que estas “son competencias del Gobierno”.
“La consecuencia de la inacción y de las medidas erróneas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez es un déficit de médicos de familia que afecta a toda España”, ha afeado la popular.
Por otra parte, ha señalado que se han tomado las pedidas “que se pudieron dentro de las competencias autonómicas”, pero que estas “no llegan a solucionar la raíz del problema”. Por ello, ha incidido en la importancia de cambiar aspectos que afectan distintas etapas de los profesionales de la atención primaria, “desde su formación hasta la edad de jubilación, pasando por la homologación de títulos y la tasa de resposición”.
Sin embargo, la nacionalista Iria Carreira ha puesto el foco en que también “hay que tener memoria” y recordar “el papel que tuvo el PP en la implantación y en el mantenimiento” de la tasa de reposición.
“Los males de la medicina de familia no empezaron en 2018 por culpa de Pedro Sánchez”, ha asegurado, “el problema viene de atrás y ustedes estaban de brazos cruzados mientras veían cómo se proximaba el desastre”, ha afeado a los populares.
En esta línea, la socialista Elena Espinosa ha esgrimido que la falta de médicos tiene “un claro responsable” que es el Partido Popular cuando gobernaba en España, son “los efectos de no anticiparse a esas necesidades de médicos”.
COFINANCIACIÓN DEL 50% DE DEPENDENCIA
Por otra parte, el Parlamento ha aprobado este jueves otra proposición no de ley del PP, con el voto en contra del PSdeG, con la que exige al Gobierno el cumplimiento de la cofinanciación del 50 por ciento de los servicios de la ley de dependencia.
Además, reclama hacer efectiva la “deuda acumulada” a favor de la comunidad gallega por la prestación de dependencia y que renuncie a la “imposición unilateral” de nuevas medidas o regulaciones que suponen “el incremento de costes en las prestaciones de servicios públicos de carácter social”.
En este sentido, la portavoz popular de Asuntos Sociales, Raquel Arias, ha recordado que esta ley “establece claramente que en la financiación de la misma las comunidades y el Gobierno deben aportar la misma cantidad”. Sin embargo, ha denunciado que esto “nunca se cumplió”.
Por su parte, el BNG presentó una enmienda (ha sido rechazada) para no solo reclamar responsabilidades al Gobierno central, sino también al autonómico.
Durante su intervención, la nacionalista Olalla Rodil ha asegurado que “se cree poco esta defensa fervorosa de las personas dependientes” por parte del PP, ya que ha recordado el “agujero” que dejó Mariano Rajoy durante su mandato. “Si hay una deuda con las personas dependientes es por obra y gracia del Partido Popular”, ha lamentado.
Además, ha esgrimido que “ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el de hoy, encabezado por Pedro Sánchez” han cumplido con esa obligación de financiar el 50 por ciento del servicio de atención y ayuda a las personas dependientes.
Con todo, la socialista Elena Espinosa ha reiterado que en su partido son “defensores” de las políticas sociales, pero que la Xunta no asume el liderazgo de sus funciones.
En esta línea, se ha servido de un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales para afirmar que Galicia es la comuniad autónoma tiene un porcentaje inferior a la media española en cuanto a la atención de gente potencialmente dependiente, un 16 por ciento frente al 23.
Por tanto, ha defendido que pongan en marcha un Plan estratégico necesario “después de tantos años” para poder creer que “quieren defender y poner medidas en marcha para las personas dependientes.
Sin embargo, Raquel Arias ha señalado que la Xunta incrementa “cada año” el presupuesto destinado a la dependencia, “llegando este año a los 655 millones de euros”.
INICIATIVAS RECHAZADAS
Por otra parte, en la sesión de este jueves se ha rechazado una proposición no de ley defendida por el PSdeG dirigida a la Xunta para que reorganizase los protocolos sanitarios para que el personal facultativo que solicita pruebas radiológicas desde la atención primaria disponga de ellas ya informadas y que “no se sature su labor asistencial”.
También han sido rechazadas dos proposiciones no de ley defendidas por el BNG, una de ellas sobre las mejoras “que debe adoptar la Xunta para mejorar las condiciones del servicio de transporte sanitario urgente en Galicia”, y otra referente a las medidas que “debe poner en marcha el Gobierno gallego para afrontar las tasas de pobreza y de riesgo de pobreza”.
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