“Mi intervención no fue una crítica política más o menos general, sino particularizada”, justifica el magistrado
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)
El magistrado de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) Luís Villares ha pedido abstenerse y no participar en resoluciones relativas a la ejecución de las sentencias firmes del alto tribunal gallego, ratificadas por el Tribunal Supremo, que anularon los proyectos del parque eólico Sasdónigas, situado en el municipio de Mondoñedo (Lugo).
El juez Luís Villares no integró el tribunal que derogó el parque eólico al que dio luz verde la Xunta, pero sí le ha sido turnado el procedimiento para su ejecución. Sin embargo, ha comunicado al resto de magistrados de la Sala que entiende que debe abstenerse porque cuando fue parlamentario en la Cámara gallega –entre 2016 y 2020–, al frente de En Marea, se reunió con un colectivo de afectados por el proyecto de construcción de las instalaciones de Sasdónigas, realizó “manifestaciones públicas de respaldo a los motivos que, en concreto, ese grupo sostenía en ese procedimiento”.
Villares añade que, a diferencia de otras ocasiones en las que sus manifestaciones respeto a la política energética tenían “un carácter general encuadrable en la crítica política”, en este caso considera que existió “una posición concreta sobre un asunto concreto”.
En mayo de 2019, cuando Villares era portavoz de En Marea, reclamó la dimisión del por entonces director xeral de Enerxía e Minas, Angel Bernardo Tahoces, por “mentir” sobre la existencia de un yacimiento romano afectado por el parque eólico de Sasdónigas.
Los fallos del TSXG, avalados por el Tribunal Supremo, se encuentran en la actualidad en fase de ejecución, pues el parque eólico continúa en funcionamiento, a pesar de que los proyectos han sido anulados judicialmente.
CRÍTICA “PARTICULARIZADA”
Por ello, el magistrado del TSXG concluye que su actividad como cargo público podría ser incluida en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece como causas de abstención y, en su caso, de recusación, el hecho de que el juez o magistrado ocupase “un cargo público o administrativo con ocasión del cual pudiera tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad”.
Villares asegura que, en este caso, fue “informado de manera singular por parte del colectivo de recurrentes en el procedimiento de impugnación de la autorización de la instalación”.
El magistrado del TSXG añade que, durante alguna de esas reuniones, hizo manifestaciones públicas sobre los concretos motivos de impugnación que afectaban al parque eólico Sasdónigas. “En esa ocasión, mi intervención no fue una crítica política más o menos general, sino particularizada en un procedimiento concreto que estaba judicializado”, argumenta Villares, al tiempo que señala que, por esa razón, entiende que, vista la situación por parte de un observador imparcial, podría entenderse comprometida su imparcialidad.
RESOLUCIONES DE LA XUNTA
En otro orden de cosas, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes diferentes anuncios de la Xunta relativos a proyectos eólicos.
Por un lado, se concede la autorización administrativa previa a las instalaciones del parque eólico Pena do Pico, entre los ayuntamientos de Becerreá y Baralla (Lugo), así como para sus infraestructuras de evacuación. Está promovido por Greenalia Wind Power, cuenta con una potencia de 11,7 megavatios y una inversión de más de 11 millones.
Por otra parte, la directora xeral de Calidade Ambiental, Sagrario Pérez Castellanos, ha avalado conceder la declaración de impacto ambiental a la línea de evacuación (de media tensión de 30 kilovatios) del parque eólico Monte do Marco, entre los municipios de Guntín, Portomarín y Monterroso (Lugo), promovido por Aventoa.
Sin embargo, la Xunta ha denegado la autorización administrativa y de construcción para el parque eólico San Cosmeiro, ubicado en los ayuntamientos de Outes y Mazaricos (A Coruña), al no superar el trámite ambiental. De tal forma, se procede a la cancelación de más de la garantía de más de un millón de euros depositada por Green Capital Power.
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