Las ayudas incluyen 18.000 euros por incapacidad permanente y 15.120 euros por destrucción de la vivienda habitual
SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a 176 territorios de 14 comunidades autónomas, entre ellas, los municipios de Tomiño (Pontevedra), Crecente (Pontevedra), Oroso (A Coruña) y Lugo.
La declaración corresponde a sucesos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales o catástrofes de todo tipo entre el 27 de febrero y el pasado 14 de septiembre para poder beneficiarse de las ayudas previstas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
En concreto, el caso de Tomiño (Pontevedra) se debe al incendio declarado el pasado 11 de mayo en una empresa de productos hortícolas que obligó a activar el plan de emergencias al arder productos químicos.
El de Crecente hace referencia al gran incendio forestal que a comienzos de septiembre afectó a 300 hectáreas y motivó el desalojo provisional de una veintena de vecinos por la proximidad de las llamas a núcleos habitados.
Además, también declaran zona afectada gravemente por una emergencia el municipio coruñés de Oroso por el accidente el 22 de marzo en la AP-9 de un camión que transportaba gasoil y que derramó la carga por la carretera.
Por último, el polígono de O Ceao, en el municipio de Lugo, vivió el pasado 26 de marzo un incendio industrial declarado en la nave de una empresa de desguaces que dejó dos trabajadores heridos.
176 EN TODA ESPAÑA
“(Estos sucesos) han provocado daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican sin duda alguna la intervención de la administración”, ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En concreto, los territorios a los que les afecta esta declaración pertenecen a distintas zonas y comarcas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja y Región de Murcia.
En un comunicado posterior, Interior ha recordado que las ayudas que competen a Interior son las de fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente (18.000 euros) y las destinadas a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad (el coste con un límite de 2.580 euros). Además, también son competencia del Ministerio las ayudas por destrucción total de la vivienda habitual (el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros); las enfocadas a subsanar los daños a la estructura de la vivienda habitual (el 50%, con un máximo de 10.320 euros) y las utilizadas para los daños en la vivienda habitual en general (el 50%, con un máximo de 5.160 euros).
En el texto, Interior también ha detallado que son de su competencia las ayudas por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios (el 50%, con un máximo de 9.224 euros); y las destinadas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes (el importe total de los gastos). Asimismo, también compete al Ministerio las ayudas a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos (hasta 9.224 euros); y las enfocadas a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables (entre el 50 y el 100% según los casos).
EXENCIÓN A LAS TASAS DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN Y DEL DNI
Además, Marlaska ha señalado que Interior estudiará cualquier otra medida como la exención de las tasas del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico por la realización de duplicados de permisos de circulación y la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, ha señalado que otros departamentos ministeriales valorarán la posibilidad de establecer distintas ayudas como beneficios fiscales en los impuestos sobre bienes inmuebles o sobre actividades económicas. Como es habitual, estas ayudas estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
A su vez, el ministro ha avisado de que se podrán acordar medidas laborales y bonificaciones en las cuotas de la seguridad social. Con respecto a las ayudas a las corporaciones locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados, Marlaska ha puntualizado que estas obras podrán contratarse por el procedimiento de emergencia si fuera necesario. Por último, ha recordado que esta intervención por parte del Gobierno se apoya en el principio de solidaridad interterritorial y es subsidiaria a las actuaciones que en ejercicio de sus competencias desarrollen las respectivas comunidades autónomas.
LA DANA EN BALEARES EN AGOSTO, EL TEMPORAL DE FEBRERO O LOS INCENDIOS
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska ha indicado que algunas de las emergencias que han motivado esta declaración han sido la DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos) que provocó fuertes lluvias y tormentas a mediados de agosto en Baleares; y el temporal que afectó de manera especial a las provincias de Burgos, Navarra, La Rioja y Zaragoza en los últimos días de febrero, con precipitaciones que causaron inundaciones en zonas próximas a ríos, desprendimientos y cortes de carreteras.
A su vez, también ha destacado los numerosos incendios forestales que entre el 17 de febrero y el 14 de septiembre pasado se han registrado en una parte sustancial del territorio nacional; así como varios sucesos asociados al transporte de mercancías peligrosas por vertidos ocasionados tras accidentes.
En la declaración de zonas afectadas por emergencias de Protección Civil también se incluye a las golpeadas por cuatro incendios que afectaron a instalaciones industriales; tres episodios de contaminación marítima por vertidos en el puerto de Las Palmas (Canarias) y Playa del Saler (Valencia); un incendio que afectó a una empresa de productos hortícolas en Tomiño (Pontevedra), que obligó a activar un protocolo de emergencia por riesgo químico, y una alerta por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid.
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