SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)
El BNG ha exigido a la Xunta que “de marcha atrás” y revierta la declaración de proyecto industrial estratégico de la mina de Cobre San Rafael en Touro y O Pino.
La formación nacionalista ha mostrado su “oposición” a esa decisión que tendrá consecuencias medioambientales y económicas “lesivas” en la comarca y en la ría de Arousa.
Así lo ha explicado este viernes en una rueda de prensa la diputada del BNG, Iria Carreira, que ha anunciado que presentará una batería de iniciativas parlamentarias.
“Declarar el megaproyecto minero de Touro y O Pino como proyecto industrial estratégico es poner el lucro de una gran empresa por delante del respecto medioambiental, de la protección de los sectores productivos ya existentes y de la población, y es un duro golpe para una comarca que todavía tiene próxima la oposición social, que finalizó con la paralización del proyecto para la mina”, ha señalado Iria Carreira.
Para el BNG, el PP “está poniendo alfombra roja” a Cobre San Rafael para “facilitar y agilizar” una mina que tendrá “gravísimas consecuencias” no solo en la propia comarca “sino en la contaminación” del río Ulla, sus afluentes y la ría de Arousa, la “más productiva” a nivel marisquero de Galicia con “cerca de 4.000 puestos de trabajo”.
Iria Carreira ha denunciado que, “una ve más, el PP le da la espalda a la gente, a la comunidad vecinal y social” que se opuso a este proyecto minero y se “siente traicionada” por la “connivencia de la Xunta” con una empresa a la que le ponen “todas las facilidades” para “sacar beneficios a cambio de destruir el patrimonio natural y los recursos económicos”.
“El río Ulla y la ría de Arousa tienen ya unos niveles de contaminación actuales preocupantes, y la amenaza de las consecuencias negativas del proyecto de Altri en Palas de Rei ve ahora como el PP es socio colaborador necesario para un nuevo ataque, que puede traer consecuencias irreparables” ha afirmado Carreira.
En este sentido, ha exigido a la Xunta que “no apoye proyectos lesivos” para el territorio y la población gallega y “revierta la decisión” adoptada en el Consello de la Xunta del pasado 24 de junio.
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