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El BNG de Vigo denuncia un posible caso de corrupción en Cabo Estai debido al cambio de calificación de suelo para legalizar unos chalés

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Critica que se quiera legalizar la urbanización “por la puerta de atrás” para beneficiar a “una conocida familia” de la ciudad

VIGO, 11 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del BNG ha denunciado este lunes que el borrador del nuevo Plan General de Vigo introduce una modificación (con respecto al documento que fue aprobado inicialmente) en la zona de Cabo Estai, para incluir como suelo urbano consolidado el terreno en el que se proyectan unos chalés de lujo, cuando se trataba de una parcela calificada como suelo rústico de protección del espacio natural y de costa.

El BNG ha advertido de que el gobierno municipal de Abel Caballero “quiere legalizar por la puerta de atrás” una urbanización de chalés proyectada a pie de litoral, permitiendo un “pelotazo urbanístico” a pesar de haber tenido que paralizar la ejecución de un vial en la zona, el pasado mes de abril, tras un informe desfavorable del secretario sobre el otorgamiento de licencias que no se ajustaban a la legalidad.

El portavoz del grupo nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha tachado esta recalificación de terrenos de “aberrante e ilegal”, y ha señalado que la nueva condición del suelo permitiría la construcción de viviendas de hasta dos alturas.

“Estamos ante una actuación de claro ‘urbanismo a la carta”, y en este caso con nombres y apellidos, para favorecer los intereses de una conocida familia, por encima de la protección de un espacio natural y paisajístico de gran relevancia y de interés público”, ha proclamado Pérez Igrexas.

Para el edil del BNG, esta decisión pone de manifiesto los motivos por los que el gobierno local ha mantenido la tramitación del PGOM “en la opacidad y oscuridad de los despachos”. “Ahora entendemos por qué la concejal de Urbanismo, María José Caride, se negó reiteradamente a informar públicamente de los cambios que se iban a introducir de cara a la aprobación provisional”, ha añadido.

Por otra parte, y con respecto a la tramitación del nuevo PGOM, Pérez Igrexas ha denunciado que el BNG todavía no ha tenido acceso “completo” a las más de 4.500 alegaciones vecinales al documento, ya que solo se le ha entregado el informe con el dictamen (la respuesta de la administración), pero sin indicar el contenido de la reclamación o los ámbitos afectados.

“Advertimos a Abel Caballero de que no va a poder contar ni con el acuerdo, ni con el apoyo, ni con el consentimiento del BNG a la hora de querer imponer un PGOM que va a pasar a la historia como el mayor amaño urbanístico de nuestra ciudad”, ha sentenciado el portavoz del BNG.

URBANIZACIÓN EN CABO ESTAI

El Ayuntamiento de Vigo decidió en abril pasado suspender de forma cautelar las obras de parcelación, construcción y apertura de un nuevo vial en Cabo Estai, después de que el secretario de la propia gerencia emitiese un informe desfavorable sobre licencias urbanísticas en la zona, en el que concluye que dichas licencias no se ajustan a la legalidad aplicable.

En un comunicado, el gobierno local explicó que la tramitación de las licencias de Cabo Estai contó con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, no solo los municipales, sino también los emitidos por entidades y administraciones externas, como Costas o Patrimonio. Pese a ello, acordó la suspensión de forma preventiva.

El informe del secretario señalaba que se pidió una primera licencia para parcelar un terreno en Cabo Estai para generar cinco fincas edificables y otra que se cedía al Ayuntamiento para la construcción de un vial.

Al respecto de esa autorización, el alto funcionario concluyó que no se ajusta a la legalidad y que, entre otras cuestiones, hay un error de interpretación cartográfica, ya que ese vial no aparece en el Instrumento de Ordenación Provisional y que el hecho de que haya un terreno longitudinal y recto no quiere decir que sea un vial. De hecho, lo que existía previamente (ahora ya se han hecho trabajos de pavimentación) era un ‘camino de deseo’ o ‘camino de pie’, es decir, un camino generado por las pisadas de las personas.

Este vial tampoco figuraba en el nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) aprobado inicialmente el 26 de agosto de 2021.

En octubre de 2020 se otorgó licencia para la construcción de una de las viviendas unifamiliares y se autorizó la urbanización del vial (con el visto bueno de la Xunta), y en agosto de 2021 se pidió autorización para la construcción de otra. El secretario señala que, en el caso de la primera licencia, se vincula a una parcela generada fuera de la legalidad y, en el caso de la segunda, además de esa cuestión, tanto el nuevo PGOM como el Plan de Ordenación del Litoral la calificaban (en ese momento) como suelo rústico costero de especial protección.

En conclusión, el informe señala que tanto la licencia de reparcelación, como las dos de construcción de viviendas “no se adecúan a la legalidad aplicable”, e insta a su revisión y a reponer el camino original en caso de que se anulen. Asimismo, apunta que la construcción de cinco viviendas unifamiliares en ese “frágil” espacio natural “no observa el canon mínimo de adaptación al ambiente”.

DENUNCIA

Por otra parte, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal por la ejecución del vial en esa zona litoral, tras denuncias vecinales presentadas ante el Seprona de la Guardia Civil.

Varias personas estarían bajo el foco en esta actuación, entre ellos varios miembros de una misma familia propietarios de la parcela donde se va a urbanizar. Se da la circunstancia de que uno de esos propietarios es funcionario de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo.

También se investiga la implicación de otro técnico municipal, varios arquitectos y una empresa constructora. Todo ello en el marco de unas pesquisas por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, además de usurpación (ya que algunos propietarios de parcelas han denunciado que se las ocuparon para construir ese vial).

Asimismo, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta también acordó incoar expediente sancionador y de reposición de la legalidad por estos hechos, tras una denuncia de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia.


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