El apoyo del Grupo Socialista en bloque permite que salga adelante la medida propuesta por el gobierno de BNG y Compostela Aberta
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)
El pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha aprobado este jueves mantener el uso comercial de las plantas bajas de los edificios en las principales zonas comerciales de la ciudad. De este modo, no aplicará en determinados ámbitos y supuestos la normativa de la Xunta de Galicia que permite convertir los bajos en viviendas.
La medida, propuesta por el gobierno local formado por el BNG y Compostela Aberta, ha salido adelante con el voto a favor de los seis concejales del Grupo Socialista, toda vez que, por el momento, los cuatro ediles expulsados del PSOE –Mercedes Rosón, Mila Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez– aún no han pasado al grupo de los no adscritos. Por su parte, el Grupo Popular ha votado en contra.
En su defensa de la iniciativa, el concejal de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, ha destacado que el Ayuntamiento de Santiago ya tiene una regulación de usos, basada en estudios y análisis recientes, que define en qué ámbitos de la ciudad es necesario mantener el carácter terciario de los bajos para garantizar la diversidad de usos y preservar la vitalidad urbana. “No tendría sentido desecharla ahora”, ha manifestado.
Así, ha defendido que el gobierno local quiere seguir utilizado el planteamiento urbanístico y las competencias municipales para garantizar que los barios tengan “usos diversos, para proteger el comercio de proximidad que proporciona bienes y servicios esenciales para el día a día”.
Lestegás ha señalado también que en Santiago hay muchos bajos que pueden transformarse en viviendas pero que en determinadas zonas se debe mantener el carácter terciario para que “la ciudad funcione”. “No se puede hacer tábula rasa e ignorar las particularidades de cada valle y cada barrio”, ha sostenido.
APOYO DE LOS SOCIALISTAS
La encargada de defender la postura del Grupo Municipal Socialista ha sido la que fuera edil de Urbanismo con los gobiernos del PSOE Mercedes Rosón, quien ha incidido en que en Compostela “ya existen barrios como Fontiñas, Vista Alegre o el Restollal en el que se permite el uso residencial en los bajos”.
Además, ha sostenido que para el Partido Popular en la Xunta de Galicia “la vivienda nunca fue un derecho” como muestra, en su opinión, “los 15 años sucesivos de gobiernos del PP en los que no se hizo vivienda pública ni se ejecutaron los presupuestos”.
“Para el PP la vivienda nunca fue un derecho, sino un negocio”, ha afirmado para denunciar que ahora el Gobierno gallego pretende “cambiar masivamente los bajos comerciales” con la “excusa” de la necesidad de vivienda. “Pero es que las personas no solo tenemos derecho a una vivienda, sino a una vivienda digna”, ha afirmado para censurar también que la normativa autonómica “reduzca de manera drástica” los requisitos de habitabilidad para estos bajos.
RECHAZO DEL PP
Enfrente, el portavoz del PP local, Borja Verea, ha justificado el voto en contra de su formación al asegurar que BNG, Compostela Aberta y el PSOE tiene un modelo “diferente” al del Partido Popular que, según ha indicado, apuesta por permitir esta reconversión para, entre otras cuestiones, mejorar la política de preservación urbana allí donde hay zonas degradadas.
Así, ha dicho que su formación ha detectado “más de 200 bajos vacíos abandonados” que dan una “triste imagen de feísmo, insalubridad e inseguridad” en lo que supone “un auténtico desierto comercial” que lleva así “más de 20 años”.
“Por lo tanto, acabamos de perder una gran oportunidad”, ha asegurado Verea, que ha señalado que la medida “lógicamente no se aplicaría en las zonas en las que hay músculo comercial” como el Ensanche y empezaría por barrios como el de Conxo y A Choupana.
PROCESO SELECTIVO DE OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES
En la sesión, además, la socialista Mila Castro ha preguntado si hubo “irregularidades” en el proceso selectivo para cinco plazas de operario de servicios múltiples tras las “denuncias de unos de los aspirantes al proceso” después de que, según ha dicho la edil, “hubiese tres aspirantes que respondieron de forma similar entre ellos” a varias de las preguntas con “respuestas tipo”.
El encargado de dar la réplica ha sido el concejal César Vila, quien ha señalado que fue el propio tribunal el que el día 8 de octubre de 2024 observó posibilidad de que hubiese una brecha de seguridad en segundo ejercicio y lo dejó sin efecto. Ante ello, ha explicado que el tribunal volvió a convocar a todos los interesados para nuevo ejercicio, “tomando todas las precauciones de seguridad”.
El edil ha sostenido que “nadie recurrió el contenido de la prueba” y que todos los convocados repitieron el examen sin excepciones para garantizar la igualdad de oportunidades”.
Además, ha explicado que el Consistorio solicitó un informe interno en el que se concluyó que quedaban acreditados los motivos de la anulación y que quedaba justificada la actuación del tribunal para preservar la igualdad de mérito y de capacidad, unos principios que “no fueron vulnerados”, sino que “se trató de garantizar repitiendo la prueba”.
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