Natalia Lobato señala que se han resuelto con penalidad 16 de los 77 expedientes iniciados, algunos de los cuales aún están en trámite
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha iniciado 77 expedientes contra la empresa Eliance, concesionaria de los helicópteros medicalizados, por la posible comisión de incumplimientos en el contrato de este servicio, de los cuales ya se han resuelto 16 “con la imposición de penalidades”, por un importe global de 145.000 euros, mientras que otros están todavía en trámite.
Así lo ha señalado este jueves la secretaria xeral técnica de Sanidade, Natalia Lobato, que ha comparecido en la Comisión 5ª del Parlamento para responder a una pregunta formulada por la diputada nacionalista Montse Prado sobre la situación de este servicio y los “incumplimientos reiterados” del contrato por parte de esta empresa, para la que ha pedido la cancelación de la concesión.
En concreto, la diputada del BNG ha recordado que ya durante el pasado verano su grupo trajo en varias ocasiones al Parlamento este contrato por incumplimientos en el tiempo de operatividad de las aeronaves, que deben mantenerse activas entre la salida del sol y el ocaso. Montse Prado ha apuntado que a partir del 19 de marzo y hasta septiembre, cuando las horas de luz en Galicia superan las 12, se requiere la contratación de un segundo equipo, dado que un único piloto superaría las horas máximas permitidas.
“¿Qué hace la empresa? no contrata ese segundo equipo y, por tanto, no tiene las horas de operatividad”, ha dicho Prado, algo que provoca que “media Galicia no tenga helicóptero medicalizado durante tres horas por la mañana y otra media no lo tenga durante tres horas por la tarde”.
A esta situación, ha dicho Montse Prado, se añaden “nuevos incumplimientos” en los primeros meses de este año, en los que, primero el helicóptero con base en Santiago y después el de Ourense, fueron desplazados hasta Sabadell para “labores de revisión” sin que se activase “un helicóptero de sustitución”. Entre los dos, ha dicho Prado, acumularon “25 días sin helicóptero” que, ha estimado la diputada, podrían suponer “alrededor de 100 servicios que la empresa dejó de prestar”.
Montse Prado ha preguntado a la Xunta qué sanciones y qué importe se ha aplicado a la empresa por estos incumplimientos que, ha dicho, suponen una “pérdida de oportundidad” para los gallegos a la hora de ser atendidos en caso de emergencia, donde “el tiempo es fundamental”.
Además, ha dicho Montse Prado, la ausencia de recurso aéreo no se palia con el transporte terrestre. “¿Cuanto tiempo tarda en llegar una ambulancia a O Barco o a Monforte, desde Ourense?”, ha cuestionado, apuntando, además, a los efectos que puede tener el transporte terrestre en ciertas patologías, como es el caso de “que alguien con una lesión medular tenga que ir por carretera”. Por todo ello, el BNG ha reclamado el rescate de la concesión.
UNA ATENCIÓN “GARANTIZADA”
En su respuesta, Natalia Lobato ha recordado que, además de los helicópteros sanitarios, el 061 cuenta con una red de transporte terrestre “que solo conoce mejoras en los últimos años” y, “a diferencia de otras comunidades”, cuenta “con personal especializado haciendo seguimiento continuo de cada caso desde la Central de Coordinación”, en conexión con los centros “que estén más cerca” de la urgencia en cuestión, por lo que “en todos los casos, la atención está garantizada con la más absoluta inmediatez”.
“La atención sanitaria urgente, además de en tiempo, debe de medirse en calidad”, ha dicho Natalia Lobato, lo que “se consigue con la supervisión continua que hacen los sanitarios para cada urgencia que se recibe”. “Esto garantiza que, en ningún momento, la población se quede desprotegida, dado que, además del transporte sanitario terrestre en caso de inoperatividad de un helicóptero, se activan los mecanismos inmediatos de apoyo”, ha añadido, que implican “a toda la red”.
Además, ha subrayado que, según el análisis del contrato de los helicópteros sanitarios que se hace en la Comisión de Seguimiento, “los tiempos de respuesta están mejorando”, pasando de 5,21 minutos en 2023 a los 4,55 minutos del año pasado.
CONTROL DE LA CONCESIÓN
En todo caso, Natalia Lobato ha señalado que los pliegos de este contrato “no permiten incumplimientos por parte de la empresa” y que regulan “penalidades” a imponer en caso de detectarlos.
El 061, ha señalado, realiza “un continuo seguimiento de la ejecución” y, como prueba, ha explicado que desde su inicio, “que es relativamente reciente”, se han iniciado ya expedientes por un importe de 337.094 euros contra Eliance, un total de 77, para “dirimir diferentes deficiencias detectadas”.
“Y digo iniciados porque la Fundación debe de respetar el procedimiento establecido en la normativa y dictar una resolución tras la tramitación del expediente administrativo en el que se dé trámite de audiencia a la empresa y se pruebe la incidencia detectada y que ésta supone efectivamente una falta determinante de un incumplimiento”, ha apostillado la secretaria xeral técnica. De estos expedientes, se han resuelto ya 16 “con la imposición de penalidades a la empresa contratista”, por importe de 145.000 euros.
Natalia Lobato ha señalado que, con estos mecanismos, “en ningún caso se le permite a la empresa adjudicataria los incumplimientos” y que el 061 “realiza un seguimiento de la ejecución del contrato” y su “cumplimiento estricto”.
TELEVISIÓN EN LOS HOSPITALES
Por otra parte, Natalia Lobato ha defendido también en el Parlamento el actual modelo de concesión de televisión en los centros hospitalarios, que “permite disponer de los servicios actualizados en los hospitales públicos gallegos”.
Lo ha dicho en respuesta a una pregunta formulada por la diputada socialista Elena Espinosa, en la que pedía que se modifique el sistema de pago de televisión en los hospitales para hacerlo gratuito o, en todo caso, permitir el pago por horas o fracciones y no por días.
En su intervención, la secretaria xeral técnica ha apuntado que el actual modelo vigente permite que “las empresas adjudicatarias se encarguen del mantenimiento íntegro de estos dispositivos electrónicos y garantizan que los usuarios puedan disponer de las últimas novedades del ámbito tecnológico”.
El conjunto de las siete áreas sanitarias gallegas cuentan en la actualidad con contratos en vigor en lo referido a la explotación de televisión, telefonía y otros servicios de carácter multimedia.
Estos contratos, semejantes entre sí, posibilitan que zonas comunes de los hospitales públicos y algunas de sus unidades especializadas cuenten con TV gratuita y, también, que los profesionales puedan acceder en los dispositivos instalados a las aplicaciones corporativas como un instrumento complementario más para una conseguir una “prestación asistencial más eficaz”.
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